Para justificar la instalación de videocámaras de control digital y torniquetes en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) de este órgano dijo que debe equiparar los sistemas de seguridad al de otras dependencias, como la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Argumentó que las condiciones antiguas “han llevado a que la historia reciente del instituto muestre un patrón documentado de mayor número de amenazas y agresiones –heterogéneas en motivación y modus operandi–, que confirman la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad” del INE.

Sobre los controles peatonales y vehiculares, adujo que se les “colaban” personas. “Una vez que ingresan visitantes y proveedores a las sedes del INE, ha sido muy complejo su seguimiento, por lo que se reciben quejas constantes de empleados y funcionarios de que sus actividades se han visto interrumpidas por personas no autorizadas en sus áreas, pues una vez dentro del inmueble tienen la facilidad de transitar por todas las instalaciones”.

Asimismo, advierte que en las concentraciones masivas, por ejemplo para el registro de candidatos, el personal interno debe hacerse cargo de controlar a miles de personas.

Actualmente hay 209 cámaras, pero se desconoce el nivel de incremento de aparatos de nueva tecnología y el costo del proyecto. Como se informó desde la semana pasada, el Comité de Transparencia del INE decidió reservar los detalles del contrato, con el argumento de que este órgano tiene responsabilidades clasificadas como de seguridad nacional.

En el texto no se ofrece respuesta sobre lo divulgado el viernes pasado, respecto a considerar la sala de prensa área común y, por tanto, colocar cámaras incluso arriba de las computadoras utilizadas por los reporteros. No hay consenso de las medidas entre los 11 consejeros; tres dijeron públicamente que no fueron consultados.

El nuevo plan se aplicará en 40 inmuebles del INE y se incluirá el fortalecimiento del centro de monitoreo, para ampliar su capacidad de almacenamiento de imágenes tomadas con videocámaras, a fin de hacerlo un instrumento “preventivo, disuasivo o de apoyo activo a la toma de decisiones”.

Sostiene que el plan de instalación de cámaras y otros dispositivos de ingreso a los inmuebles se oferta como una protección integral para igualarse a otras instancias públicas, como las mencionadas, así como “distintas secretarías de Estado y las sedes de la Cámara de Diputados y el Senado”.

Las oficinas consideradas para este proyecto son las ubicadas en Tlalpan, Tláhuac, Corporativo Corum, Corporativo Zafiro, Insurgentes, Corporativo Quantum, Moneda y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental, así como en las 32 juntas locales ejecutivas.

En las oficinas centrales operaban 97, mientras las estatales y algunas ubicadas en la Ciudad de México carecían de sistema de videovigilancia.