Tras la polémica, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron no utilizar y devolver las 9 camionetas Jeep Cherokee del año, con un costo hasta de 1.7 millones de pesos cada una, sin considerar el blindaje, que podría duplicar su precio, pese a que la compra se justificó por motivos de seguridad, la sustitución de unidades 2019 y 2020 y el ahorro en arrendamiento, mantenimiento y combustible.

La decisión de los ministros se anunció ayer a través de las redes sociales de la Corte, donde también se informó que los togados de la nueva integración ofrecerán hoy por la mañana su primera conferencia de prensa para responder a un tema específico, tras las críticas en la opinión pública por la adquisición de las camionetas, que forma parte de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Solicitarán (los ministros) que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, señaló la Corte.

El pasado domingo se dio a conocer que los nueve ministros estrenaron camionetas. Se identificó, además, que al menos una de ellas fue emplacada en el estado de Morelos, lo que la excluirá del pago de la tenencia anual que se cobra en la Ciudad de México.

Recibieron críticas; alega OAJ que hubo ahorro

La adquisición de vehículos generó polémica en redes sociales, cuestionando la austeridad en la Corte.

Al siguiente día de revelarse la información, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado en el que señaló que en la integración del nuevo PJF, se priorizó la reducción del gasto público y el uso eficiente de los recursos, lo que llevó a sustituir el parque vehicular por presentar fallas recurrentes y riesgos de seguridad.

Según el OAJ, entre 2022 y 2025, la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el entonces Consejo de la Judicatura Federal operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos que habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos anuales en esta nueva etapa.

Ante ello, en el último trimestre de 2025 se aprobó una inversión de 252 millones de pesos para adquirir 571 vehículos, equivalente a 68.8 por ciento del costo de un solo año de arrendamiento, con un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos entre 2026 y 2028.

Se informó que la renovación incluye 124 unidades híbridas o eléctricas, con una reducción hasta de 30 por ciento en combustible y 70 en mantenimiento, además de atender incidentes de seguridad detectados en la SCJN y permitir la eventual enajenación de los vehículos a valor de mercado.