n los primeros años de la segunda mitad del siglo pasado, ya hace mucho, cuando iniciaba en la Facultad de Derecho de la UNAM mi carrera de abogado o licenciado, aprendí que los tipos de gobierno pueden ser buenos o malos, positivos o negativos, independientemente de sus peculiaridades o características políticas. No recuerdo si fue el maestro de teoría del Estado Don Jesús Reyes Heroles, o el de sociología Alberto F. Senior, pero uno de ellos (o los dos), me enseñaron que hay tres posibles tipos de gobierno, según quien o quienes ejerzan la soberanía popular.
Ya aprendida, la clasificación parece obvia, las posibilidades son tres: gobierno de una sola persona, gobierno de un cuerpo colegiado de la sociedad o bien gobierno de todo el pueblo, por supuesto de quienes son ciudadanos. A su vez, cada una de estas posibilidades, explicaban mis maestros, podía funcionar bien y a favor del bien de la colectividad o funcionar mal, el criterio para decidir ese juicio de valor está necesariamente relacionado con el bien común.
Cuando el gobierno recae en una sola persona se dice que se trata de una monarquía, si es que el gobierno lo hace correctamente, o de una tiranía si el gobernante oprime a los gobernados y gobierna en su propio beneficio; cuando es una pluralidad o sector social, si lo hace bien se llama aristocracia y si lo hace mal se llama oligarquía, y finalmente, cuando todo el pueblo participa en las decisiones, podemos estar ante un sistema demagógico, si no hay orden ni búsqueda del bien común, o democracia, si los resultados son positivos, benefician a todos y se vive en armonía y paz social.
En el título segundo capítulo primero de la Constitución mexicana se encuentran las reglas del sistema adoptado por el pueblo mexicano; se establece que la soberanía radica en todo el pueblo, que la forma de gobierno, también en teoría, lleva implícita la participación de todos los que han alcanzado la mayoría de edad y no han perdido su ciudadanía por algunas de las razones por las que ésta se puede perder.
Como todos sabemos, nuestra democracia no puede ser directa, mediante asambleas del pueblo, porque somos muchos millones y, obviamente, es imposible que todas las decisiones se tomen directamente por los titulares; necesitamos de representantes que, por supuesto, deben ser electos por los ciudadanos. Los tres poderes son: el Ejecutivo, ejercido por una sola persona; el Legislativo, compuesto por dos cámaras, senadores y diputados, que son electos por voto directo, y finalmente, el Poder Judicial que, recientemente, por la última reforma aprobada, sus integrantes también son electos.
La Cámara de Diputados se compone, según el artículo 52 constitucional, por 300 diputadas y diputados elec-tos por votación mayoritaria directa y mediante el sistema de distritos electorales, pero habrán también 200 diputadas o diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante listas regionales.
La representación proporcional fue aprobada a partir de 1963 ya que, anteriormente, se podía dar el absurdo de que un solo partido, que entonces era el partido oficial, podría tener el total de los asientos en la cámara, con 51 por ciento de los votos. No se llegaba a este extremo, pero sí sucedía que, si el partido mayoritario ganaba con una pequeña proporción cada uno de los entonces 200 distritos, tendría la totalidad de las curules; se estableció por ello que el partido que alcanzará 2.5 por ciento de los votos podría tener hasta un máximo de 20 diputados que se escogían entre los que aun siendo perdedores habían tenido un porcentaje mayor que sus compañeros de partido.
La razón de esta reforma es que los ciudadanos, al emitir su voto, no sólo lo hacen a favor de una persona, también están optando por un partido político y, por ende, por un proyecto y principios políticos, económicos y sociales que tal partido propone.
Actualmente, la opinión pública enterada critica el sistema porque en 1977 hubo una reforma que permitió a cada uno de los partidos, en realidad a sus dirigencias, hacer una lista para que quienes representaran al partido fueran los dirigentes o sus recomendados, independientemente de que hubieran participado o no en los comicios.
Nuestra Presidenta, con toda razón, no está de acuerdo con este sistema porque las diputaciones proporcionales han sido acaparadas por pequeños grupos que, sin recibir un voto, sólo por estar en listas y ser dirigentes o amigos de los dirigentes alcanzan el cargo.
La propuesta que sugiero respetuosamente es que no sean suprimidos los diputados de partido, porque su existencia garantiza una mayor democracia, pero que se retorne al sistema original, esto es, que lleguen al cargo los mejores perdedores; es decir, quienes habiendo sido derrotados en las urnas estuvieron más cerca del triunfo y, además, por la razón de que aportaron más votos a su partido. Esto me parece que es lo equitativo.
