as democracias contemporáneas se construyeron sobre una promesa que hoy se enfrenta a un riesgo demasiado real de colapso: la premisa de que la elección periódica de gobernantes y la separación de poderes bastaban para equilibrar la voluntad popular con el imperio de la ley. Ese pacto fundacional –que ahora enfrenta una deriva autoritaria, cuando no abiertamente fascista– se sostuvo durante décadas sobre un consenso teórico sólido, bajo el supuesto de que podía convivir, al menos formalmente, con el capitalismo y sus estructuras de poder.
Hoy resulta evidente que ese supuesto ya no se sostiene. El capitalismo contemporáneo amenaza a la democracia no porque el poder haya sido usurpado por el Estado, ni porque haya dejado de residir formalmente en el pueblo, sino porque se ha desplazado hacia un actor concreto: las grandes fortunas. El poder efectivo hoy se concentra en quienes no sólo compran yates y mansiones de lujo, sino que pueden comprar influencia, decisiones y, en última instancia, instituciones. Mientras el sistema político fue funcional a esos intereses, se mantuvo relativamente estable; cuando dejó de serlo, comenzó a transformarse. Esa captura está ocurriendo con impunidad, ante nuestros ojos y en directo.
El informe que Oxfam publicó esta semana – Contra el imperio de los millonarios: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios– describe dato a dato esta mutación. Coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la presidencia en noviembre de 2024, la riqueza agregada de los milmillonarios a escala global ha crecido a un ritmo tres veces superior al promedio anual de los cinco años anteriores. El fenómeno es especialmente intenso en Estados Unidos, pero no exclusivo: en otras regiones del mundo, las grandes fortunas también registran incrementos de dos dígitos.
Pero las evidencias más inquietantes no son económicas, sino políticas. La concentración extrema de la riqueza deteriora de forma directa la calidad democrática. Los países con mayores niveles de desigualdad tienen hasta siete veces más probabilidades de sufrir procesos de erosión democrática que aquellos con brechas sociales más reducidas. Al mismo tiempo, las personas milmillonarias tienen una probabilidad 4 mil veces mayor de acceder a cargos políticos que la población general. La escala de esta acumulación resulta aún más elocuente si se observa que el aumento de la riqueza de los milmillonarios en el último año habría bastado para transferir 250 dólares a cada habitante del planeta y, aun así, este grupo seguiría siendo colectivamente más de 500 mil millones de dólares más rico. En la cúspide, los 12 milmillonarios más acaudalados concentran más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad: más de 4 mil millones de personas, desequilibrios que desafían cualquier lógica democrática.
Estos datos no describen sólo una anomalía distributiva; delinean una disyuntiva histórica. El mundo avanza hacia una oligarquía global en la que un número reducido de multimillonarios no sólo acumula riqueza, sino que influye en las leyes, condiciona la economía, interviene en los medios y termina por moldear el sentido común.
Todo ello ocurre en un contexto global de desigualdad persistente y profundamente regresiva. Cerca de 48 por ciento de la población mundial vive en condiciones de pobreza; los avances en su reducción se han estancado y, en regiones como África, la pobreza continúa aumentando. En ese escenario, la promesa democrática pierde credibilidad para amplios sectores sociales. Se erosionan los consensos básicos, se degrada la división de poderes, se estrecha el espacio cívico y se normalizan prácticas autoritarias orientadas a concentrar poder político y económico.
La concentración extrema de la riqueza constituye, así, una amenaza tangible para la democracia a escala global. Pero este rumbo puede cambiar. Para ello, son necesarias políticas públicas deliberadas que redistribuyan poder y recursos y que establezcan límites claros al dominio de las élites económicas. La justicia fiscal emerge como una herramienta central, especialmente cuando se articula mediante mecanismos de cooperación internacional que permitan a los Estados recuperar capacidad regulatoria, recaudatoria y de garantía de derechos.
Y exige, sobre todo, una movilización social amplia y persistente, capaz de ampliar el debate público, exigir rendición de cuentas y defender el interés colectivo frente a la captura de la democracia por minorías privilegiadas.
*Director general de Oxfam Intermón
**Directora ejecutiva de Oxfam México
