Zacatecas, Zac., El Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) no ha logrado encontrar, en cinco años de búsqueda, a un abogado penalista que quiera encabezar la batalla jurídica para llevar a prisión “a los delincuentes de cuello blanco” que han saqueado el fondo de pensiones de unos 25 mil burócratas estatales, señaló Marcelino Rodarte Hernández, líder de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Este último ha sido, durante más de 15 años, uno de los principales vigilantes del organismo que administra los recursos que pertenecen a quienes laboran al servicio del estado, los municipios y organismos paraestatales.

“Requerimos un buen penalista para representarnos con los juicios y no hay uno solo que quiera. Nos hemos entrevistado con varios abogados y despachos –de Zacatecas y Aguascalientes– para interponer las denuncias penales específicas –por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito– y buscar cárcel para los responsables, pero no le han querido entrar.

“Han visto los resultados de la auditoría al instituto (que impulsó en 2020 la entonces diputada Alma Gloria Dávila Luévano, de Morena) y nada más nos dicen que sí es viable, que sí hay materia, pero nadie quiere hacerlo”, refirió.

Satisfecho aún por la batalla que ganaron el pasado 12 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual anuló dos de tres artículos que el gobernador David Monreal Ávila impuso mediante un decreto a la ley del Issstezac, en agosto de 2024, Rodarte Hernández recalcó que en este caso fue determinante la intervención directa de la Presidencia de la República.

“Por eso damos el reconocimiento pleno a quien llevó la controversia (constitucional), que fue la Consejería (Jurídica) de la Presidencia. Le damos todo el respaldo porque hoy vemos el sentido de justicia en la Suprema Corte y de los ministros que estuvieron presentes. Todos argumentaron como se espera: con el derecho, con la razón y con el sentido de justicia que hoy observamos”.

Sin embargo, Rodarte Hernández admitió que al interior de la SCJN hubo una acción “extraña”, cuando la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó al pleno un proyecto de resolución “contrario a lo que le estábamos solicitando”, por lo que hubo riesgo de que el fallo del máximo tribunal del país se emitiera en contra de los intereses de los derechohabientes.

Días antes de someterse a votación, los integrantes del movimiento acudieron a entrevistarse con otros ministros y sus proyectistas, ante quienes mostraron copia de los cientos de juicios de amparo que han ganado contra el Issstezac y el gobierno de Zacatecas –desde agosto de 2024 a la fecha–, ante los tres juzgados de distrito ubicados en la entidad, por considerar inconstitucionales las reformas realizadas al sistema de pensiones.

Son más de 5 mil juicios que ha perdido la administración morenista de David Monreal en menos de 18 meses. Con esas pruebas, indicó Rodarte Hernández, los miembros de la SCJN consolidaron su razonamiento jurídico, para echar abajo los artículos inconstitucionales de la ley del Issstezac. Ahora falta que el Congreso local legisle y corrija esa norma.

También es urgente, recalcó, retomar la vía penal, “porque los saqueadores del sistema de pensiones siguen libres”, entre ellos se presume como responsables a ex gobernadores, ex directores y ex funcionarios del Issstezac, así como ex líderes sindicales.

El movimiento de bases estima que la reserva financiera técnica acumulada del instituto –en cuatro décadas de existencia-, debería superar los 30 mil millones de pesos, pero actualmente no es mayor a 3 mil millones. Por esa razón, el gobierno estatal promueve que se le declare al organismo oficialmente en quiebra técnica, se le liquide y extinga.