Las familias de las víctimas de la masacre de Camargo, Tamaulipas, donde 19 personas fueron asesinadas y calcinadas –la mayoría migrantes guatemaltecos– el 22 enero de 2021, aún padecen los impactos de esa tragedia, reflejados en afectaciones físicas y emocionales. Sin embargo, a la fecha no han recibido ninguna reparación integral del daño, a pesar de que hace tres años fueron sentenciados 12 policías estatales responsables del crimen.

Así lo afirmaron Ricardo García Pérez, papá de Santa Cristina, y Marco Antulio Pablo Pérez, padre de Anderson Antulio, quienes enfatizaron que sus hijos no eran criminales, “tenían sueños” y si buscaron migrar a Estados Unidos “fue porque querían una mejor vida”.

Además, advirtieron que algunos familiares de las víctimas ya fallecieron, por lo que urgieron a que se cumpla con la reparación integral del daño, medida dictada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2024.

Ricardo recordó en entrevista que su hija sólo quería juntar dinero para tener su propio negocio de venta de ropa en Guatemala y ayudar a sus hermanos.

Indicó que la última vez que tuvo comunicación con ella fue tres días antes de la masacre. “Nos dijo que estaba bien” y que el sábado “saldrían al desierto”. Compartió que él se enteró de la muerte de Santa Cristina por un vecino. “Lo que hicieron los agentes no tiene nombre… ella no era delincuente ni mala”, recriminó.

Ricardo señaló que para reconocer el cuerpo se tomaron pruebas de ADN, y “sólo recibimos cenizas, mientras otros (familiares), restos de los cuerpos”. Estos fueron entregados casi dos meses después de la masacre.

Mencionó que todo este proceso ha sido desgastante. Su esposa, dijo, ha estado en el hospital, mientras otras dos de sus hijas dejaron de estudiar: “Ya no hay vida”, le decían.

En entrevista aparte, Marco Antulio compartió que su hijo tenía 16 años de edad cuando migró para apoyar a su familia. Sin embargo, al poco tiempo se enteró de su muerte a través de Facebook.

Indicó que después de la sentencia a los 12 policías por la masacre, “nos sentimos un poquito alegres, pero no en su totalidad, porque lo único que nos dio la satisfacción es que supimos quiénes fueron los responsables”. No obstante, los impactos continúan, reconoció.

“A veces nos sentimos culpables de no tener lo suficiente para poder mantener a nuestros hijos, porque de lo contrario yo creo que ellos no buscarían salir del país”, expresó. Asimismo, “hubo traumas sicológicos y emocionales” en la familia.

Marco Antulio externó que la vida de un ser humano no tiene precio, “pero por lo menos quisiéramos que se diera una reparación. ¿Para qué?, para poder buscar algún medicamento o hacer algo con nuestros demás hijos”.

Miguel Ángel Zenteno, abogado de Fundación para la Justicia –organización que acompaña el caso–, expuso que si bien ya hay sentenciados por la masacre, que en realidad se perpetró en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, “seguimos sin saber por qué los mataron, quién dio la instrucción”. Por eso, dijo que han solicitado “que se haga una investigación por cadena de mando, porque sabemos que además de los 12 había más personas involucradas”.