Guadalajara, Jal., A las dos iniciativas abiertas en la plataforma electrónica Fírmale, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para exigir que se realice un referendo sobre el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco les falta cubrir una serie de requisitos de forma, pese a que una de ellas, promovida por un ciudadano, ha superado 300 por ciento el mínimo requerido para iniciar el proceso, explicó el consejero del IEPC, Carlos Javier Aguirre Arias.

En entrevista, detalló: “no obstante que el proceso de reunión de firmas está abierto, hasta ahora ninguna de las dos solicitudes, la ciudadana y la de los diputados, ha cumplido con los requisitos que marca la ley”.

Refirió que la petición requiere el nombre del solicitante, manifestación para conducirse con verdad, domicilio, la indicación de la disposición que se quiere someter a referendo y la exposición de motivos, lo cual debe presentarse antes del 26 de enero, fecha límite a partir de la publicación del decreto de aumento en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Tras cumplir esos requisitos, detalló, “las firmas serán enviadas al Instituto Nacional Electoral para su validación, y si la respuesta es positiva la petición sería enviada al Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza (CEPCPG), organismo integrado por ciudadanos y funcionarios públicos, incluido un consejero electoral”.

Analizan facultades del Congreso local

Aguirre Arias reconoció que el referido consejo dictamina la procedencia o no de las solicitudes de referendo y el factor central será la decisión, cuestionada por el gobierno de Jalisco, de si el Congreso estatal tiene facultad para pedir dicha consulta al tratarse de un acuerdo de carácter “contributivo”, comparable a los impuestos y derechos que pagan los ciudadanos.

El jueves, la legislatura exhortó al gobierno del estado a recular sobre el tarifazo, no sólo por el incremento, sino por la obligatoriedad de adquirir una tarjeta de débito operada por una empresa privada a la que los usuarios deberán entregar datos personales, incluidos biométricos y de geolocalización.

En tanto, unas 54 organizaciones civiles locales y nacionales denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias de cuatro personas, incomunicación y criminalización cometidas por policías estatales el pasado 10 de enero tras la marcha contra el tarifazo al transporte de pasajeros.

Asimismo, cuestionaron la nula participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante los casos de represión y, un día antes que se realice una nueva marcha en contra del aumento de 9.50 a 14 pesos el precio del pasaje, los firmantes pidieron al gobierno del emecista Pablo Lemus que se abstenga de repetir la violencia contra manifestantes, “que se ha convertido en uno de los sellos de su gobierno”.