Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer el acuerdo 156/2024 de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el que desde noviembre de 2024 se endurecieron los controles e inspecciones ganaderas en la entidad, al concluir que la medida invadió la competencia exclusiva del gobierno federal en materia de salubridad general y control sanitario.

La norma local fue impugnada con la controversia constitucional 374/2024 promovida en diciembre de 2024 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en una de las primeras acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. El asunto se resolvió con el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo.

“El acuerdo 156/2024 impugnado no se limitó a ejercer funciones de vigilancia ni a coordinarse con la Federación ni a organizar u operar servicios en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles; por el contrario, establece un sistema integral para regular la movilización de ganado, productos y subproductos pecuarios dentro del territorio estatal. Para ello impone revisiones obligatorias, documentación específica, autorizaciones estatales previas, puntos de verificación determinados por la Secretaría de Desarrollo Rural y diversas medidas de aseguramiento y sanción”, dijo el ponente.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó que el control sanitario y zoosanitario, incluida la sanidad animal y la movilización de ganado, es una competencia de la Federación, “como ha reconocido de manera constante esta Suprema Corte. Las entidades federativas únicamente pueden, como sabemos, colaborar mediante funciones de vigilancia y verificación y sólo en los términos del sistema federal”.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que durante el análisis de la controversia se buscó si existe algún convenio de coordinación entre la Federación y el estado de Chihuahua que justificara el acuerdo emitido por Maru Campos, y sí, hay un convenio de coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera. “De la revisión de ese convenio no se advierte que se haya facultado o dado la atribución a la entidad para realizar las actividades que se desprenden del acuerdo”, agregó.