Montevideo. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instalado hace casi un año en Honduras para esclarecer el asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016, concluyó que el Estado tuvo conocimiento del plan criminal y no actuó para impedirlo.

“El GIEI determinó que el asesinato de Berta Cáceres fue previsible y prevenible”, afirmó la experta Roxanna Altholz al presentar el informe de su misión.

Añadió que pese a contar “con información anticipada, precisa y verificable” sobre el plan de asesinato de Cáceres, las autoridades no activaron mecanismos de protección ni realizaron detenciones oportunas, lo que constituyó una grave violación del deber de debida diligencia y permitió que un crimen prevenible se consumara.

El GIEI encontró que existía una estructura criminal organizada en el norte del país, con apoyo de integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Nacional, y que las investigaciones revelaron que el militar Mariano Díaz Chávez, luego condenado por el asesinato de Cáceres, coordinaba operaciones de narcotráfico y proveía de armas, logística y personal al aprovechar su investidura militar.

Los expertos establecieron que el asesinato “fue financiado con recursos del proyecto Agua Zarca, específicamente con los fondos desembolsados por bancos internacionales, principalmente el Centroamericano de Integración Económica y el de Desarrollo de los Países Bajos”.

El análisis financiero del GIEI mostró que cerca de 67 por ciento de los fondos del proyecto, unos 12.4 millones de dólares, fueron desviados o manejados de forma irregular mediante un esquema sistemático, que incluyó transferencias injustificadas, uso de efectivo y maniobras para evadir controles antilavado, recursos que habrían servido para pagar a los sicarios y financiar la logística del asesinato.

“El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres constituyó un crimen empresarial, financiero y político, perpetrado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales, configurando un modus operandi sostenido en el tiempo”, indicó en el reporte.

Cáceres lideraba la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA, autorizada por el gobierno hondureño para construir una represa sobre el río Gualcarque, considerado vital para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.

La líder indígena fue asesinada en su vivienda el 2 de marzo de 2016, a pesar de contar con medidas cautelares dictadas por la CIDH.

En esa época era presidente Juan Orlando Hernández recientemente indultado por el presidente Donald Trump. Cumplía una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.