Minéapolis. El estado de Minesota interpuso una demanda ayer contra el gobierno federal para frenar la invasión de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de que la administración del presidente Donald Trump desplegó más efectivos en Mineápolis para enfrentar las protestas contra las redadas, mientras el estado de Illinois presentó otra denuncia por el “uso peligroso de la fuerza” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Minesota y las ciudades gemelas de Mineápolis y St. Paul presentaron la demanda en un tribunal federal, junto con la solicitud de una orden de restricción temporal para detener o limitar la operación del ICE, tras el asesinato de la ciudadana estadunidense Renee Nicole Good a manos de un agente de esa corporación.

El DHS informó que pretende enviar más de 2 mil agentes de inmigración a Minesota y se jactó que ha realizado más de 2 mil arrestos en la ciudad desde que comenzó la operación el mes pasado. El ICE aseguró que se trata de su mayor operación hasta la fecha.

Asimismo, agentes lanzaron ayer gas lacrimógeno para dispersar a personas que se juntaron para observar las secuelas el impacto de un vehículo del ICE contra el automóvil de un civil en Mineápolis, a pocas cuadras de donde Good murió baleada la semana pasada.

La multitud se reunió para atestiguar cómo un hombre era interrogado por agentes que chocaron su vehículo. Los uniformados usaron gas para ahuyentar al grupo, luego se marcharon mientras la gente les gritaba: “¡Cobardes!”

“Me alegra que no me dispararon”, declaró Christian Molina, la víctima del interrogatorio, a los periodistas. De pie cerca de su auto dañado, preguntó en voz alta: “¿quién va a pagar por mi coche?”

Se trató de otra escena tensa tras la muerte de Good el 7 de enero.

Cientos de estudiantes salieron de la escuela secundaria Roosevelt, en Mineápolis, con pancartas con leyendas como: “Fuera ICE” y “Bienvenidos a Panem”, una referencia a la sociedad distópica de la serie de libros Los juegos del hambre.

En tanto, Illinois demandó a la administración Trump. El gobernador demócrata del estado JB Pritzker indicó que se presentó una querella por el “uso peligroso de la fuerza” por parte del DHS.

“Aunque los acusados describen este asalto como ‘control migratorio’, la realidad es que personal uniformado y con entrenamiento militar, que porta armas de fuego semiautomáticas y de uso castrense, ha arrasado durante meses Chicago y sus alrededores, al detener, interrogar y arrestar ilegalmente a residentes y atacándolos con químicos”, detalló el gobernante en la demanda.

En tanto, desde su regreso al poder, Trump también revocó más de 100 mil visados, incluidos unos 8 mil de estudiantes y 2 mil 500 especiales de personas con historial delictivo, en una estricta política de control migratorio, informó el Departamento de Estado.