Las autoridades del Hospital General de México Eduardo Liceaga pagaron más de 6 millones de pesos entre 2023 y 2024 por servicios de arrendamiento y mantenimiento de equipos que no existían en el programa institucional, y no hay evidencia de las fallas y reparaciones de cuatro contratos firmados con dos particulares y una empresa para ese periodo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó lo anterior, y en una carta con más de 500 firmas dirigida al secretario de Salud, David Kershenobich los trabajadores presentarán las evidencias recabadas para exigir la destitución de la directora del hospital, Alma Rosa Sánchez Conejo.

A las irregularidades encontradas por la ASF se suman las denuncias del personal médico sobre varias anomalías en la administración, que incluyen cancelación de estudios de laboratorio para diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves como leucemia y hemofilia, entre otras.

Sánchez Conejo argumenta que “no hay dinero”, pero los médicos resaltaron que esos y otros exámenes clínicos se han hecho durante años e incluso ya se ofrecían de manera gratuita a los pacientes.

“Así debe ser por disposición del gobierno federal, que está comprometido con la gratuidad de la atención y los medicamentos, pero a ella no le importa”, y eso que el Hospital General Eduardo Liceaga ejerce el mayor presupuesto entre los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, señalan. En 2025 dispuso de alrededor de 5 mil millones de pesos.

Desde hace algunos meses, el personal ha hecho manifestaciones de protesta por diversas causas, como retrasos en los pagos de prestaciones. A finales de diciembre se sumó la denuncia de los trabajadores de limpieza, quienes llevaban varias quincenas sin recibir su salario.

En este caso, la responsabilidad es de la empresa contratada por el hospital; sin embargo, éste es corresponsable de que se cumplan las obligaciones patronales.

Sánchez Conejo llegó a la dirección en febrero de 2024 y desde entonces ha tenido “una actitud hostil” hacia el personal; por ejemplo, destituyó a 14 jefes de servicio sin que eso se reflejara en mejoría en las áreas, señalan los inconformes.

Aunque el secretario de Salud ya tiene conocimiento de las anomalías administrativas en el hospital, su respuesta ha sido que la destitución es un tema “complejo”, mientras para otros funcionarios de la Secretaría de Salud existen argumentos sólidos para llevar a cabo la remoción.

Asimismo, la ASF encontró que el hospital formalizó un contrato con Juan José Chávez Pérez para servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la central de esterilización de vapor, mediante dos convenios modificatorios que no especificaron vigencia ni monto a pagar.

También firmó dos contratos con Nancy Saraí Guerrero Almanza para el mantenimiento de unidades dentales y básculas y balanzas.

La ASF detectó que ambos proveedores están casados.

Otro contrato fue con la empresa Gvicoa, SA de CV por arrendamiento de equipo láser fotocoagulador integral para retina, para el servicio de oftalmología. Las autoridades del hospital no pudieron presentar ningún documento que comprobara el cumplimiento de la ley, e incluso en la visita a las instalaciones, en septiembre de 2025, la ASF tuvo conocimiento de que el esterilizador de vapor había sido dado de baja, lo cual tampoco estaba documentado conforme a la normatividad.

La unidad dental portátil considerada para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo no se localizó porque supuestamente estaba en un “consultorio bajo llave”, entre otros.