El juzgado vigésimo quinto de lo civil de la Ciudad de México admitió una demanda por daño moral y fijó medidas precautorias para embargar las cuentas bancarias, fideicomisos, inversiones, propiedades y operaciones de cualquier naturaleza financiera de la familia Riva Palacio Nieto, a fin de reparar el daño a una víctima de abuso sexual de Felipe Riva Palacio Nieto.

Se trata de una decisión inédita que marca un precedente judicial a favor de las víctimas de abuso sexual infantil y la no prescripción de los delitos, así como castigo para quienes protegen a los agresores denunciados.

“He tenido que buscar un poco de justicia por otro camino. Sólo pedía por delitos cometidos durante mi infancia; nunca quise llegar a esto de embargar propiedades, una orden de arraigo… pero todo esto no es sino consecuencia de sus actos”, dice Salvador Cacho González, en entrevista con La Jornada.

Felipe Riva Palacio Nieto, su tío, de 45 años, de nacionalidades mexicana y española, abusó de él entre los seis y los 14 años de edad. En junio de 2025, después de denunciarlo penalmente en febrero, el agresor huyó a España con ayuda de su padre, Felipe Riva Palacio Guerrero, ex secretario técnico de Conaculta; de su esposa Tory, y de sus dos hijas Mariana y Victoria. Dos meses después fue detenido en Madrid, pero la Audiencia Nacional se negó a extraditarlo a México, argumentando que según sus leyes, los delitos estaban prescritos.

Riva Palacio Nieto vive ahora libre en España: “Cuando decidí denunciar, lo hice asumiendo ciertos escenarios que vivían en mi cabeza, pero nunca pensé las vueltas que ha dado todo este caso. Sobre todo, nunca pensé que fuera tan complicado encontrar justicia. Quienes se decían mi propia familia fueron los primeros en traicionar todo código ético y moral y los primeros en ayudar a huir a un pederasta”, señala.

Cuando se le cerró el camino penal, Salvador Cacho, de 37 años, y sus abogados Nassar, y en especial, Andrés Hernández Carlsen, pensaron en abrir una vía nueva para la búsqueda de justicia, esta vez, por el lado civil, a fin de conseguir que finalmente el Estado mexicano le brinde el carácter de víctima y su agresor tenga que reconocer los hechos.

“Fue una decisión complicada porque es de nuevo regresar a esos lugares de mi pasado que ya no quisiera ver más; pero quiero ver todavía menos la injusticia y saber que la corrupción puede hacer que queden impunes este tipo de delitos. Basta de vivir en un país donde no existen las consecuencias.”

Así, la demanda no fue sólo contra su agresor, sino contra su familia nuclear, quienes han sido cómplices y lo han ayudado a eludir la acción de la justicia. “Victoria, su hermana, lo cobijó en España al grado de que cuando lo detuvieron por la ficha roja de Interpol, ella iba en el coche con él y los hijos de ella. Esto me parece demencial porque estos últimos también son sobrevivientes de violencia sexual.

“Para mí es esquizofrénico que ella haga caso omiso de la acusación que recae sobre su hermano y lo junte con sus hijos, que ya tuvieron que pasar por esto, que es lo más horrible que puedo pensar en la infancia de un niño.”

De hecho, cuando fue detenido en España, Felipe iba acompañado de su hermana Victoria y sus sobrinos. “Ella lo hospedó en su domicilio, lo que evidencia que hay una relación de colaboración o encubrimiento”.

También demandó al padre. Él ha sido quien ha financiado todo. Felipe trabaja en Madrid en FCC de archivista y yo quiero saber cómo le hizo para pagar al inhumano de Manuel Ollé (abogado de Humberto Moreira), que cobra fortunas por lograr que no extraditen a los políticos mexicanos más corruptos. Todo ha sido sufragado por su padre, quien desde un principio se ha negado a ver una realidad que lo aplasta: su hijo es un pederasta violador, y claro, con la mentalidad machista que tiene, no puede pensar que su único hombre varón es un bueno para nada, que por lo único que será recordado en el mundo es por agresor sexual de menores”.

Añade: “A mi tío Felipe se le cayó el castillo de naipes con que jugaba a ser el gran patriarca, y se dio cuenta de que todo lo que él y su esposa Tory habían construido fue sobre cimientos de mentiras, engaños y un nulo código de buenas costumbres, ética o moral. De amor, familia y congruencia no hablamos… son palabras que desconocen y jamás formaron parte de su construcción social”.

Determinación

Por lo pronto, las cuentas bancarias y los fideicomisos de los cuatro miembros de la familia Riva Palacio Nieto fueron embargadas por montos establecidos frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El juez también ordenó embargar las propiedades de la familia en el estado de México y dictó orden de arraigo al padre del agresor, con el objetivo que no pueda fugarse de México, como hizo su vástago.

Con esta medida, la víctima busca que su agresor y sus cómplices ofrezcan disculpas públicas, acepten los hechos y, conforme a ley, otorguen una indemnización por daño moral. Cacho González ha afirmado que el monto que gane en el juicio lo donará a la Fundación Freedom, que ayuda a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual infantil.

Sus abogados han aprovechado las pruebas que utilizó el abogado Manuel Ollé para defender al agresor: un correo de Victoria, donde le pide ir a España a ayudarla a cuidar a sus hijos. También incluyeron los boletos de avión que forman parte de la carpeta de investigación de la demanda penal.

“La impunidad deriva de los actos y acciones de gente que en algún momento de la vida dijo ser familia y que ayudó a un pederasta a huir”, asentó.

“Es inaudito. Cómo es posible que sus propias hermanas, siendo madres, no hayan podido ver más allá de sus narices y hayan encubierto a alguien acusado de trasgredir lo más puro que tiene un niño: su infancia, su inocencia y su dignidad. Lo han ayudado y cobijado para poder permanecer en libertad. Son sus cómplices. Sus padres y sus hermanas han sido sus compinches para lograr que un pederasta esté libre por el mundo, muy probablemente abusando de más y más niños y niñas”, denuncia Salvador Cacho en su escrito al juez.

“No quiero ser sólo un denunciante”

En su resolución, el juez señala que Victoria, una de las codemandadas, tiene domicilio actual en España: “Se acredita que existe un temor fundado a que los codemandados que residen en el país se ausenten u oculten. No fue posible extraditar a uno de ellos para seguir el proceso legal por delitos sexuales en territorio mexicano. Se considera que existen indicios suficientes para presumir el temor de que pueda darse ocultamiento o enajenación de los bienes, cuyo aseguramiento cautelar se solicita”.

Salvador lamenta que su agresor siga viviendo en otro país: “El retrógrado Estado español apeló a la prescripción para no conceder su extradición y que pudiera regresar para enfrentar la justicia. He tenido que buscar un poco de ésta por otro camino; merezco reparación del daño por los actos cometidos por mi agresor y sus cómplices”.

Añade: “Es muy importante para mí el reconocimiento de los hechos y que México me confiera el estatus de víctima que me corresponde: no quiero ser nada más que un denunciante”.

Asegura buscar no sólo la reparación del daño a que tiene derecho, sino una reivindicación oficial. “Lo más importante es el reconocimiento de los hechos que sufrí”, asevera.

A Felipe Riva Palacio Nieto, defendido por Francisco Acevedo y Óscar Felipe Villanueva Aceituno, le negaron un amparo con el que pretendía volver a México, por lo cual la orden de aprehensión en su contra sigue vigente y con ello también la ficha roja de Interpol.

Salvador Cacho recuerda que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en el primer semestre de 2025 los reportes de trata de personas relacionados con pornografía infantil aumentaron 86 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Entre enero y junio de 2025, ese delito registró un incremento de 15.7 por ciento respecto al año anterior (pasando de mil 248 a mil 444 casos reportados), según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. En tanto, la cifra de menores atendidos por violencia sexual en 2023 fue la segunda más alta desde 2010, duplicando el promedio anual histórico.

La vida de Salvador Cacho cambió desde que decidió denunciar y alzar la voz buscando justicia. Ahora es activista por los derechos de la infancia y la protección de los menores para prevenir el abuso sexual.

Desde entonces encabeza un movimiento nacional e internacional que visibiliza a los agredidos y reivindica sus derechos, recordando, con mucho respecto, que los afectados de abuso sexual hablan cuando pueden.

“Se estima que 92.9 por ciento de los delitos en México no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación. En delitos sexuales, la cifra suele ser aún mayor por miedo y estigma. En mi caso no fue miedo a un estigma. Todas las mañanas me repito que lo que me pasó me marca, pero jamás dejaré que me defina. En mi situación, la impunidad viene de los actos y acciones de gente que en algún momento de la vida dijo ser familia, y que ayudaron a huir a un pederasta.”