l Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, anunció que en 2025 la deforestación de la Amazonia se redujo 9 por ciento con respecto a 2024, si bien sigue en una magnitud de casi 4 mil kilómetros cuadrados. Con estos datos, suman ya dos años consecutivos en que la tala ha caído tanto en la selva tropical como en El Cerrado, la sabana tropical brasileña, una mejoría que coincide con el final del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva. La administración federal tiene como meta erradicar la deforestación ilegal en la Amazonia en 2030.
Sin embargo, los buenos propósitos oficiales chocan con la política local y con la voracidad empresarial. Después de que el estado de Mato Grosso (donde ocurre 60 por ciento de la pérdida forestal amazónica) eliminara una ley que prohibía beneficios fiscales a las compañías que destruyen la selva, la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) abandonó la Moratoria de la Soya, una iniciativa que comprometió a la agroindustria a abstenerse de deforestar.
Estas noticias dejan dos lecciones insoslayables: que la iniciativa privada no tiene ningún interés en proteger el medio ambiente salvo que obtenga beneficios pecuniarios de ello, y que las derechas son las mayores enemigas de cualquier esfuerzo para proteger a la humanidad y al resto de las especies de los efectos del cambio climático de origen antropogénico.
El golpista Bolsonaro ilustró muy bien cómo el giro a la derecha viene acompañado del desmantelamiento de políticas ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas que son los principales defensores de la naturaleza y el territorio, una observación confirmada por los dirigentes de dicha tendencia que han sumado triunfos en el hemisferio.
En Argentina, la embestida desregulatoria de Javier Milei tiene como objetivo prioritario deshacerse de la Ley de Glaciares, una legislación pionera que protege la mayor reserva de agua dulce del país de actividades extractivas y de alto impacto ambiental. Asimismo, aprobó un régimen de inversiones que exenta a las empresas de toda responsabilidad por los daños ecológicos, dejando el costo a las poblaciones. En Bolivia, Rodrigo Paz ha marcado su agenda ultraderechista contratando a los mismos asesores de Milei y de la formación franquista española Vox. Su primera medida en materia de medio ambiente fue desaparecer el ministerio respectivo y colocarlo como una oficina subalterna del de Planificación del Desarrollo, el cual está a cargo de un empresario agroindustrial señalado por los incendios intencionales con que el sector amplía la frontera agrícola. En Chile, el presidente electo José Antonio Kast se propone terminar con las regulaciones ambientales a fin de “agilizar” las inversiones, una medida que también está en el programa de Paz.
De manera poco sorprendente, tanto Kast como Paz tienen ligas personales y familiares con las dictaduras militares que asolaron a América Latina el siglo pasado; mientras Bolsonaro añora el autoritarismo de 1964-1985 y Milei ha frenado las investigaciones sobre los genocidas, rehabilitado el discurso que relativiza el terrorismo de Estado y atacado a las organizaciones que buscan justicia. Por ello, no parece casualidad que a todos ellos los una la devoción hacia Donald Trump, quien aplica todo el poderío estadunidense a la supresión de todo esfuerzo para contener el avance del cambio climático de la mano de las trasnacionales de los hidrocarburos, grandes donantes de sus campañas electorales.
Por ello, en la actualidad es imposible separar las luchas por la protección del medio ambiente, contra el avance de los neofascismos y la contención de los abusos de los dueños de los grandes capitales, pues está claro que el mayor enemigo de los pueblos y del equilibrio ecológico es el amasiato del poder económico con el político.
