La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención del general en retiro Eduardo Enrique Gómez García, quien fue comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)m por haber firmado contratos de servicios con los cuales se desviaron alrededor de 5 mil millones de pesos destinados a instalaciones penitenciarias.

En videoconferencia, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, anunció la detención del ex funcionario sin dar mayores detalles de la identidad.

Sin embargo, fuentes gubernamentales refirieron que se trata del general en retiro Eduardo Enrique Gómez García, quien en 2004 fue coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la entonces Procuraduría General de la República.

Lara López indicó que policías federales ministeriales de la FGR aprehendieron a Enrique N por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo N, como servidor público, posiblemente de manera ilícita, suscribió contratos de servicios para centros federales de readaptación social, que Genaro N, otro ex servidor público, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal entre 2006 y 2012, tenía a su cargo.”

En junio de 2023, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera informó que Gómez García era investigado por haber obtenido de manera irregular la adjudicación del manejo de la ex hacienda de Rijo, ubicada en Tilapa, Puebla.

El militar en retiro se encuentra en la lista de 61 personas contra las cuales se libró orden de aprehensión por desvío de recursos públicos destinados al mantenimiento y equipamiento de centros federales.

Ulises Lara informó que también se dictó vinculación a proceso contra Jesús Alberto Caballero Tardaguila, detenido en Cuernavaca, por simulación de operaciones con recursos públicos, y María Vanesa Pedraza Madrid, ex asesora de García Luna y ex apoderada legal de la empresa Nunvav Inc, la cual habría sido utilizada para el desvío de fondos del OADPRS, que habrían tenido como beneficiario final, a García Luna y sus familiares, según la FGR.