l arranque de 2026 en el escenario internacional ha estado marcado por la incursión militar estadunidense en territorio venezolano que devino en la captura del presidente Nicolás Maduro. Desde las primeras horas que se difundiera la noticia, han proliferado en la opinión pública posturas, análisis e hipótesis de lo más diversas sobre los motivos de la intervención, las implicaciones para el sistema político venezolano, los efectos en la relación entre Estados Unidos y América Latina y la reconfiguración geopolítica mundial que podría detonarse dado el poderío e intereses de otras potencias político-militares, especialmente Rusia y China.
En el marco de polarización política y social que desde hace varios años se ha convertido en el estado de ánimo y de pensamiento generalizado en todo el mundo, algunas discusiones en medios y redes sociales no escapan a la tentación de plantear la circunstancia actual en términos dicotómicos al estilo de la antigua bipolaridad política mundial vigente durante la segunda mitad del siglo pasado. Hay quienes condenan la intervención militar y se expresan en términos indulgentes sobre el régimen autoritario venezolano, del mismo modo que hay opiniones que celebran la caída de un presidente autoritario y justifican sin matices la intervención militar extranjera.
Por eso, si se desea elaborar un análisis político que pretenda ser serio es necesario evitar los reduccionismos y dicotomías y mirar los diversos factores a través de una lente que privilegie dos principios que pueden garantizar la dignidad de la convivencia humana e internacional, más allá de las diversidades, asimetrías e intereses característicos de nuestra época, es decir: los derechos humanos y la calidad democrática. Con dicha brújula en mano es no sólo posible sino necesario comenzar por validar dos afirmaciones que en el debate público se han llegado a plantear como contradictorias: el gobierno de Nicolás Maduro es autoritario e ilegítimo y la intervención militar es una clara violación al derecho internacional.
La compatibilidad de ambas afirmaciones nos coloca frente a un debate de fondo que permanece vigente desde la guerra fría: ¿puede vulnerarse el derecho internacional en aras de salvaguardar los derechos humanos? En un sentido estrictamente teórico, podemos estar de acuerdo en que la autodeterminación de los pueblos no puede estar por encima de graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, no podemos tomar como irrefutable esta premisa sin analizar cada caso en su debido contexto.
Estados Unidos tiene un largo historial de intervencionismo militar en países extranjeros. La Doctrina Monroe o la Operación Cóndor son ejemplos históricos del intervencionismo estadunidense inspirado principalmente por intereses económicos. La propia narrativa actual del gobierno estadunidense, junto a los hechos que han seguido a la incursión de sus fuerzas especiales el pasado fin de semana, respaldan la presunción de que los intereses que animaron la intervención en Venezuela no son ni los derechos humanos ni a la democracia, sino el petróleo, que sigue siendo motor de la economía global.
Si asumimos que el objetivo de la intervención militar es el control sobre las mayores reservas petroleras del mundo, no queda forma alguna de justificar estas acciones, por más que la bandera de la democracia y los derechos humanos se haya instrumentalizado numerosas veces en la historia como cortina de humo mediático. En este sentido, lo que se evidencia con el caso venezolano es que el multilateralismo, una vez más, ha fracasado y que el marco legal y la institucionalidad en la que se afincan la gobernanza y la cooperación internacional es a todas luces ineficaz, pues no ha logrado dar salidas plausibles a los recientes conflictos políticos en el mundo, como Ucrania, Palestina, Sudán, como tampoco lo hizo años antes en los casos de Siria, Libia, Afganistán e Irak, entre muchos otros.
El orden internacional le ha fallado a Venezuela en la intervención militar, pero le había fallado desde antes al no proporcionar soluciones viables al autoritarismo del régimen en el poder. En otras palabras, el orden internacional ha permitido la vulneración del derecho internacional por parte de Estados Unidos y ha sido incapaz de incentivar cambios en el sistema político de la mano del propio pueblo venezolano, lo que no hace sino oscurecer aún más la sombra de la duda que desde hace años se cierne sobre los alcances reales del multilateralismo.
La duda, al final de todo, es qué sigue para Venezuela, para América Latina y para el mundo entero. La moneda está en el aire: o se abre paso a salidas democráticas y a la protección de los derechos humanos o se reproduce la permisividad frente al retorno de viejas prácticas imperialistas que actúan sin escrúpulos ni contrapesos. Hoy es Venezuela, pero en la fila del riesgo están Ucrania, Palestina, Taiwán, Groenlandia y hasta el propio México.
Frente a la incertidumbre que persiste, hoy más que nunca urge reivindicar la perspectiva de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático como clave de lectura pertinente para el análisis de los conflictos internacionales y las nuevas prácticas imperiales. Sólo mediante esta mirada crítica podremos encontrar no sólo claridad interpretativa, sino también alternativas de solución que pongan en el centro a las víctimas de los abusos de poder perpetrados tanto por gobiernos nacionales como extranjeros.
