Durango, Dgo., El impuesto predial en el municipio de Durango, gobernado por el panista Antonio Ochoa, aumentó en algunos casos hasta en 180 por ciento este 2026, luego de que fue modificada la Ley de Ingresos del Ayuntamiento a finales de 2025.

Antes, el gravamen se calculaba con base en el valor proporcional de la propiedad y una tasa fija; además, mientras la vivienda no tuviera cambios en su construcción, como la adición de cuartos o techados, el monto no aumentaba.

Para este año se aplicó un esquema de cobro por tabla de rangos, que contempla una cuota fija más un porcentaje adicional. Con esta medida, el pago se eleva de manera considerable, aun cuando la casa no haya sido remodelada.

Según el abogado Antonio Bracho, esta reforma clasifica a los contribuyentes como “ricos o pobres” sólo basándose en el valor catastral de su vivienda y vulnera el principio constitucional de equidad tributaria, pero recalcó que ante este “abuso de autoridad” los ciudadanos cuentan con mecanismos de defensa legal.

Las primeras quejas de los contribuyentes surgieron desde el 2 de enero, cuando acudieron a cumplir con su obligación fiscal basándose en lo que habían pagado el año pasado y considerando un aumento mínimo; sin embargo, al llegar a cajas algunos quedaron sorprendidos porque los incrementos van de 30 a 180 por ciento.

Es el caso de una persona con domicilio en el fraccionamiento Domingo Arrieta, por el cual en 2025 pagó 3 mil 236 pesos de predial y este año más de 7 mil pesos. En tanto, por un edificio en el centro histórico el impuesto fue de 43 mil pesos en 2025 y ahora de 84 mil pesos. Por otro inmueble similar, también en esta última zona, en 2025 el cobro fue de poco más de 13 mil pesos y este 2026 de más de 25 mil pesos.

Asimismo, por una vivienda cercana al Parque Guadiana, en 2025 el impuesto fue 3 mil 700 pesos y este año de 8 mil 600 pesos.

Hasta ayer no se había emitido una explicación formal sobre esta medida que se aprobó en el cabildo y posteriormente en el Congreso estatal; sin embargo, a los inconformes los empleados les dijeron que el aumento se debe a ajustes en el valor catastral de las propiedades en algunas áreas de la ciudad, como el centro histórico.

Bracho, especialista jurídico en el municipio de Durango, consideró que uno de los puntos más críticos de la reforma a la Ley de Ingresos es la presunción de que el valor de un inmueble refleja de manera fiel la riqueza del propietario. Esta medida ha sido señalada por el experto como “confiscatoria”, pues no toma en cuenta la liquidez real del contribuyente y se basa sólo en su patrimonio inmobiliario.

“Dicho enfoque ignora la realidad de miles de duranguenses, como jubilados o herederos, que poseen propiedades con alto valor catastral, pero tienen ingresos limitados”, explicó.

Bajo el nuevo esquema, dijo, un ciudadano con un salario promedio podría verse obligado a pagar recibos de predial superiores a 20 mil pesos anuales, cuando antes pagaba 6 mil, simplemente por habitar una casa heredada o que ha incrementado su valor con el paso del tiempo.

Agregó que se trata de un sistema clasista y arbitrario que castiga a quienes recién adquirieron vivienda, vulnerando el principio constitucional de equidad tributaria.

Bracho explicó que ante esta situación los ciudadanos pueden interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los 30 días posteriores al pago del impuesto. También, recurrir al amparo federal para que un juez determine la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos y ordene la devolución de los cobros excedentes.

No obstante, subrayó que la solución de fondo debe ser política. “La propuesta es clara: dar marcha atrás a la reforma, derogar las tablas progresivas del artículo 14 y regresar al método de tasa fija.”

Añadió que es indispensable que el cabildo “humanice la ley” y advirtió que de no corregirse este esquema, la presión social y la morosidad podrían incrementarse, afectando tanto las finanzas municipales como la estabilidad económica de las familias duranguenses.