Aunque el propósito de las acciones afirmativas es permitir que los grupos históricamente vulnerados accedan con más facilidad a cargos públicos de elección popular, esa figura ha sido “distorsionada y pervertida”, ya que en la actualidad los partidos políticos pueden incluir a candidatos que no pertenecen a los mencionados colectivos.

Legisladores que promueven una revisión crítica del tema subrayaron que para corregir esta “usurpación” –que incluso ha llegado al Congreso–, hace falta poner más filtros para que quienes aspiren a una candidatura no simplemente se autoadscriban como integrantes de un grupo, sino que además demuestren su pertenencia efectiva.

El tema, dijeron, es motivo de consultas entre los grupos en cuestión y probablemente será a inicios de este año cuando se dé a conocer una propuesta para que sea incluida en la reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y se acabe con el mal uso que, en el caso de la diversidad sexual, hace que hasta 95 por ciento de las candidaturas se hayan dado a personas que no debían ocuparlas.

Figura reciente en México

Las acciones afirmativas, como método para permitir que grupos sociales históricamente marginados logren acceder a cargos de responsabilidad pública, tienen sus principales antecedentes en las que se decretaron en los años 30 y 40 del siglo pasado en Estados Unidos, cuando propiciaron el ingreso a la educación y el empleo de “sectores subrepresentados”.

En México, no fue sino hasta el proceso electoral de 2021 cuando el INE garantizó la participación de estos colectivos, lo que se tradujo en la llegada de 65 personas a la Cámara de Diputados bajo este esquema, lo que significó 13 por ciento de las curules y rebasó la expectativa de que se lograría 10 por ciento.

Los grupos beneficiarios de la estrategia de discriminación positiva son indígenas y afromexicanos, con discapacidad, de la diversidad sexual, así como migrantes y residentes en el extranjero. Lo anterior coexiste con la política de paridad de género para que las mujeres ocupen 50 por ciento de los lugares en el Congreso.

Para promover la llegada de partidos políticos al Poder Legislativo, el INE establece que deberán incluir a miembros de grupos históricamente vulnerados en los primeros 10 lugares de sus listas de representación proporcional (plurinominales) de cada una de las cinco circunscripciones electorales en el país.

“Burla a la comunidad LGBT+”

En el caso de los grupos de diversidad sexual, el abuso de la figura de las acciones afirmativas llegó a tal punto que apenas 5 por ciento de quienes se postularon corresponden realmente con esos colectivos, pues de 410 candidaturas LGBT+ en el país, sólo 20 tienen algún tipo de militancia o compromiso real con ellos.

“Todas las demás son personas que se han autoadscrito y que, como hoy no puedes impugnar la autoadscripción, están usurpando ese lugar. Los partidos utilizan estos espacios para poner a sus consentidos o para pagar favores”, lamentó el presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Jaime López Vela (Morena).

En la actualidad, señaló, hay dos diputadas federales que llegaron a San Lázaro bajo dicho esquema: Verónica Pérez Herrera, del PAN, y Fuensanta Guerrero Esquivel, del PRI. Esta última incluso repitió por diversidad sexual en 2024, figura que también usó para llegar como diputada en 2021.

Sin embargo, de acuerdo con información de la Cámara, ninguna forma parte de la Comisión de Diversidad y no han presentado iniciativas ni proposiciones relacionadas con el tema por el cual llegaron al cargo como plurinominales. En sus redes sociales tampoco hacen ninguna mención.