En coordinación con los gobiernos de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) gestiona la reubicación de al menos 7 mil familias damnificadas por las intensas lluvias de octubre pasado. Aunque han recibido un apoyo inicial, sus viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo y es preciso encontrarles otro espacio donde puedan residir.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, explicó que de las 70 mil viviendas que resultaron dañadas por ese fenómeno climatológico –que también afectó en menor medida a San Luis Potosí y Querétaro–, después de realizar recorridos entre los gobiernos estatales y las secretarías del Bienestar y Sedatu, se determinó que esas 7 mil viviendas deben ser relocalizadas porque se encuentran sobre áreas de cerros que deslavaron, o donde se registraron socavones de consideración.

Explicó que hasta ahora se encuentra en una nueva fase de atención a estas personas damnificadas, pues en primera instancia se les otorgaron apoyos para la limpieza inmediata de sus casas; en segunda, hubo apoyos de entre 20 mil, 30 mil y 70 mil pesos a cada familia afectada, de acuerdo con el nivel de daños que registraron.

Vega Rangel informó que se abocaron en primera instancia a esas tres entidades porque fueron las que más daños padecieron en octubre pasado, aunque no quiere decir que no tengan apoyos para San Luis Potosí y Querétaro, pero en las tres primeras entidades se concentraron las mayores afectaciones.

Señaló que en conjunto con los gobiernos estatales se buscan reservas territoriales para la relocalización segura de estas familias.

Recordó que en algunos casos como Xalti, en la zona de Huayacocotla, hubo incluso una comunidad entera que fue prácticamente afectada en su totalidad por el lodo que produjo el deslave de un cerro. Por eso se está platicando con la comunidad para convencer a los pobladores de que deben buscar otro sitio para vivir, porque, dijo Edna Vega, todas las reubicaciones se realizarán con el consenso de las comunidades y no habrá desalojos.

Inicialmente, después de las inundaciones se habían identificado 4 mil 500 familias residiendo en condiciones de alto riesgo derivado de las nuevas condiciones que ha provocado el cambio climático en el país, en colonias originalmente asentadas de manera regular, pero la situación se ha modificado con los cambios ambientales.

Precisó que en este caso no se trata de asentamientos irregulares, pero eso corresponde a otra vertiente de atención, y por ahora el área de gestión de riesgos de la Sedatu atiende a estos predios regulares.

La funcionaria federal dijo que se ha iniciado un trabajo de sensibilización entre las comunidades en esas condiciones. No será un traslado obligatorio, ni habrá desalojos, sostuvo. “Será un proceso complejo de convencimiento, pero tiene que ser por consenso, por eso es la parte más importante que las familias acepten”, acotó.