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Establece la Corte nuevas directrices de comunicación social
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2025, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció su nueva política de comunicación social, la cual prohíbe el uso de recursos públicos y redes sociales de la institución para promoción personalizada o fines partidistas, y exige que toda difusión tenga carácter meramente institucional e informativo.

Además, subraya que esta política debe reflejar la pluralidad étnica, cultural, religiosa, lingüística y geográfica del país y promover la igualdad, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

Mediante el acuerdo VII/2025, que entró en vigor este mes, su titular, Hugo Aguilar Ortiz, alineó las normas internas de la SCJN con la Constitución y las leyes en materia presupuestaria y de comunicación social, que obligan a los entes públicos a administrar los recursos con eficiencia, transparencia y honradez.

“Quedará estrictamente prohibido utilizar las cuentas de redes sociales institucionales para los fines siguientes: exaltación individual o de promoción de servidores públicos; emitir mensajes que impliquen apoyo o rechazo a partidos, candidaturas, movimientos o ideologías; dar condolencias, agradecimientos o mensajes personales; publicar información reservada, falsa, discriminatoria o alusiva a procesos jurisdiccionales en curso; divulgar datos internos, deliberaciones o información no validada por la dirección general, y publicar cualquier contenido contrario a los artículos 9 y 10 de la Ley General de Comunicación Social”, señala.

El documento establece las reglas obligatorias para planear, ejecutar y evaluar la comunicación social de la Suprema Corte, incluyendo campañas, selección de medios de comunicación, uso de redes sociales institucionales y vocerías.

Afirma que el propósito es diversificar los espacios informativos, evitar la concentración mediática y asegurar que toda difusión sea institucional, objetiva, imparcial y veraz, con enfoque de derechos humanos, igualdad, inclusión y accesibilidad. Establece mecanismos de control y sanción ante incumplimientos, como dar vista a la Contraloría de Administración Judicial.