El Gobierno de la Ciudad de México informó que se alcanzaron 143 acuerdos reparatorios con las 144 víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre pasado en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que se traducen en 480 millones de pesos, cifra histórica destinada a la reparación del daño.

A poco más de tres meses de la tragedia –en la que 32 personas fallecieron y 63 resultaron heridas–, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un informe con el resultado de las investigaciones y la negociación que se entabló con la empresa Silza, subsidiaria del Grupo Tomza, que hasta ahora ha pagado 429 millones de pesos, es decir, 90 por ciento de la indemnización, a las familias afectadas.

En ese contexto, la mandataria anunció la creación de un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que llevará el nombre de Alicia Matías Teodoro –quien murió, pero salvó a su nieta–, en memoria a su actuación en este accidente que dejó, además, ocho víctimas indirectas, sin lesiones, pero con secuelas sicológicas, así como 42 familias y negocios con daños materiales.

Brugada expresó que ninguna indemnización repara la pérdida de un ser querido ni resarce el dolor de las familias, pero acotó: “hace justicia y garantiza la no impunidad”. Adelantó que en enero se presentará una aplicación para monitorear a los vehículos que transporten materiales peligrosos, medida que se suma a los cambios al Reglamento de Tránsito para evitar que ocurran estos percances.

Confirma dictamen inicial

En tanto, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló que, hasta el momento, 127 de las 144 víctimas han recibido el pago de reparación del daño, incluidas las familias de las personas fallecidas (266 millones de pesos), las lesionadas (136.5 millones de pesos), y quienes tuvieron daños materiales (27 millones de pesos).

Explicó que la investigación pericial incluyó 16 especialidades forenses y más de 270 dictámenes, lo que permitió establecer cómo pasó y cuáles fueron las causas del siniestro. La evidencia mostró responsabilidad del conductor por exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo, así como omisiones por la empresa operadora, lo que derivó en los procesos de mediación y reparación del daño.

Aseguró que los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente, sobre el cual se trabaja en un informe público para garantizar la transparencia del caso.

A su vez, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, afirmó que se mantiene el seguimiento médico y sicológico integral a las personas lesionadas, entre ellas las 52 que requirieron de hospitalización, de las cuales 13 están en proceso de rehabilitación, 23 en tratamiento de salud mental, otras en curaciones y unas más son valoradas para cirugía plástica.