Guadalajara, Jal., Cientos de personas se quedaron varadas ayer debido a una falla en el suministro eléctrico en la línea 4 del tren ligero (centro de Tlajomulco-colonia Las Juntas, en Tlaquepaque) inaugurada el lunes por el gobierno del estado.

El desperfecto duró casi 2 horas, reportaron los usuarios, quienes tuvieron que descender con escalerillas de los vagones y continuar su recorrido a pie o en otro medio de transporte. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano aseguró que la suspensión duró 15 minutos.

En lo que va de la semana, los usuarios también han denunciado asaltos con violencia en una terminal. Las quejas incluyen falta de iluminación fuera de las estaciones y nula vigilancia policial, pese al dispositivo de seguridad anunciado por el gobernador emecista Pablo Lemus durante la inauguración.

El mandatario aseguró en su oportunidad que “Jalisco se ponía a la vanguardia como una ciudad de primer mundo, con el mejor transporte público en América Latina”, a pesar de que faltan pasos peatonales y nodos viales para el libre flujo de los trenes de esa línea.

Sin choferes ni camiones

Enrique Galván, líder de transporte urbano en la zona metropolitana, señaló en entrevista que el modelo de negocio del gobierno estatal, desde el sexenio pasado con Enrique Alfaro, busca la ganancia sin importar la calidad del servicio, lo que ha mermado otras alternativas, como las rutas de camiones.

Acusó que propicia que muchos choferes prefieran tener detenidos sus vehículos debido a que no pueden pagar los costos y son sujetos del “jineteo” de su dinero por parte de un fideicomiso creado para administrar lo que se recaude de pasaje.

Afirmó que la tarifa de 9.50 pesos ocasiona la desaparición de rutas porque es incosteable, pues es una falacia el supuesto subsidio para los camioneros. Además, los sueldos bajos ocasionan que los choferes prefieran ser conductores en Uber.

Galván dijo que el fideicomiso “ratero” al que va a parar el dinero que el pasajero paga con tarjeta electrónica tiene 2 mil millones de pesos que no han sido entregados a los transportistas, quienes han tenido que realizar juicios para intentar recuperar ese capital que es “caja chica” del gobierno estatal.