El Congreso capitalino tendrá listo el proyecto de ley del sistema de cuidados en las primeras semanas de enero a partir de ocho iniciativas –entre ellas la que envió el Gobierno de la Ciudad de México– y la sistematización de más de 3 mil formularios recabados en las 16 alcaldías e información de dos foros.

El diputado de Morena Víctor Varela López, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, señaló que en la etapa de consulta se recabaron propuestas y opiniones de especialistas, organizaciones y asociaciones, instituciones públicas y privadas, de la academia, así como de quienes están a cargo del cuidado de personas con discapacidad, adultas mayores e incluso privadas de su libertad, así como de quienes los requieren.

En entrevista, explicó que el proyecto se someterá a consulta pública durante la segunda semana de enero a fin de tener listo el dictamen en febrero con el inicio del periodo ordinario de sesiones para someterlo a votación del pleno.

Agregó que con la consulta que concluyó el pasado jueves, el Legislativo cumplió con los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad, e incluso participaron grupos de pueblos originarios para evitar que se pudiera reclamar que fueron relegados.

Sobre el planteamiento de que el sector privado, empresas y centros de trabajo deben involucrarse en la obligación del Estado para garantizar el derecho al cuidado, en el que coincidieron expertos y organizaciones que participaron en los foros, Varela refirió que por eso en la iniciativa se suprimirá la denominación del concepto de sistema público, para quedar en sistema de cuidados de la Ciudad de México.

Sobre la propuesta de incrementar algunos impuestos, como el de nóminas o de servicios de hospedaje para financiar la operación de dichos cuidados, la infraestructura y su mantenimiento, que también se planteó en los foros recordó que el año pasado se incrementó de 3 a 4 por ciento este gravamen y aseguró que el gobierno local dispone de los recursos suficientes para garantizar en el presupuesto las partidas que se indican en la iniciativa de ley.

Si bien el documento base para la elaboración del proyecto sería el que envió la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el legislador comentó que ante la carga de trabajo que significará sistematizar la información recabada y las otras siete iniciativas, algunos promoventes han considerado retirar su propuesta a fin de facilitar y lograr que se cumpla la ruta planteada para que la ley se apruebe y se expida.