la comunidad Ódami de Mala Noche, Chihuahua, se le empieza a hacer justicia luego de cuatro décadas de lucha: el sábado 13, la presidenta Claudia Sheinbaum les hizo entrega del Decreto de Propiedad Comunal que les reconoce 3 mil 100 hectáreas.

Lo agradecen y reconocen la comunidad de Mala Noche y su acompañante, Contec, Asesoría Técnica Comunitaria. Sin embargo, manifiestan en un comunicado que aún quedan mil 100 hectáreas por restituirles y que algunas de sus rancherías continúan en confinamiento forzado, así como muchas otras comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno y luchan por sobrevivir en un ambiente de violencia, abandono institucional y omisión pública en toda la Sierra Tarahumara.

Tienen razón: desde principios de año varios grupos criminales atacaron comunidades warijío y mestizas en los municipios de Moris y Uruachi, Chihuahua, limítrofes con Sonora. Antes habían agredido a pueblos ódami y rarámuri en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites con Sinaloa. Una mujer de mediana edad de Moris narra con terror cómo tuvieron que salirse de su rancho porque estaban cayendo bombas por todos lados y las casas se incendiaban y los malandros destruían propiedades, robaban y mataban el ganado.

Desde enero de este año empezaron a llegar a Ciudad Cuauhtémoc las primeras familias desplazadas, en marzo llegaron 30 familias de Uruachi y en junio otro grupo del municipio de Moris, hecho muy publicitado por una de las cadenas de televisión privada. Actualmente se calcula que se encuentran 196 familias desplazadas de Moris y 180 de Uruachi, la mayor parte en Cuauhtémoc, aunque también de Sonora y otras poblaciones de Chihuahua. También hay un nutrido grupo de familias desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo, muchas de ellas ódami, en la sección municipal de Baborigame.

La causa del desplazamiento es la misma: los ataques de grupos del crimen organizado para hacerse del control del territorio. Se trata de localidades ubicadas en los límites de los tres estados donde se libran combates entre las fracciones del cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayitos, y otros cárteles que incursionan como aliados de unos o de otros: La Línea o cártel de Juárez e incluso el cártel Jalisco Nueva Generación.

En diversas reuniones que han tenido las personas desplazadas que logran imponerse al miedo, dejan ver claramente sus demandas, que no son otras que se les garanticen sus derechos humanos fundamentales:

Derecho a vivir en paz en su propia tierra. Todas las personas quieren regresar a sus poblados, recuperar su casa, sus tierras, sus animales. No quieren ser refugiados permanentes, ni cambiar a otro tipo de vida, ni ser indemnizadas por los daños sufridos. Quieren vivir como vivían, tal vez con pobreza, pero con libertad y dignidad, sin ningún miedo a que se atente contra su vida, contra su familia, contra su patrimonio.

Derecho a la vivienda. Las viviendas de estas familias fueron incendiadas o saqueadas por los criminales, o fueron abandonadas por temor a nuevos ataques. En Cuauhtémoc, las personas desplazadas tienen que rentar pequeñas casas o precarios cuartos donde se hacinan y tienen que pagar mínimo mil pesos mensuales de renta. Ningún programa oficial de cualquier orden de gobierno les ayuda en este aspecto.

Derecho al trabajo. Al principio, dado que apenas comenzaba el año agrícola, un buen número de personas desplazadas se contrató en las huertas manzaneras de la región. Sin embargo, al terminar la pizca y el empaque de la fruta, quedaron desempleadas, precisamente cuando llega el invierno y requieren más recursos para sobrevivir y calentar las viviendas. Las personas desplazadas prefieren trabajar, pero en sus tierras, con su ganado, en sus bosques, muchos de ellos ahora talados ilegalmente por los criminales.

Derecho a la educación. Con los ataques y la implantación de los grupos criminales en las poblaciones de origen, muchas escuelas y cursos del Conafe tuvieron que cerrar sus puertas. Algunos de los niños y niñas desplazados encuentran lugar en las escuelas de las localidades a donde llegan; el Conafe ha movido a varios de sus promotores comunitarios para que los sigan atendiendo, sin embargo, dada la movilidad continua y la inseguridad en el trabajo de sus padres, muchos se quedan sin posibilidad de asistir a escuela alguna.

Hasta el momento, las necesidades y los derechos de estos cientos de personas desplazadas han sido atendidos principalmente por diversas organizaciones de la sociedad civil, las primeras en hacerse presentes. Señalan que ellas han cumplido con su misión, pero que el Estado mexicano se ha quedado muy corto: no ha cumplido con su deber fundamental de proteger la vida, la paz y el patrimonio de estas comunidades.

Por eso debe atenderse el llamado que hace Mala Noche a los tres niveles de gobierno a proteger a las comunidades indígenas y mestizas de la Sierra de Chihuahua, a que se les proporcionen los servicios básicos como educación, salud, trabajo y alimentación para tener condiciones dignas de vida.

La justicia para con los pueblos originarios comienza por no despojarlos, y por impedir que les quiten lo que tienen.