n conocido y casi olvidado litigio judicial y administrativo retomó actualidad. Involucra a una conocida académica, figura pública en varios sentidos y directora de una activa y eficaz organización privada. Presurosos, salieron en su defensa varios personajes. Del tipo que intenta modular la opinión ciudadana a través del uso intensivo de medios de comunicación. Y esto es, en sí mismo, digno de análisis, adicional al caso. Y lo es por las ideas usadas para la defensa del personaje en cuestión. Qué tanta utilidad o beneficio tenga para los involucrados, ya sean éstos jueces, acusadores o abogados, se verá, en verdad, en cuanto el caso tome forma concreta y oficial. Por ahora, se está frente a un inicio del clásico litigio mediático.
En un primer acercamiento, se tiene a la recién retocada fiscalía y su legitimidad. Hasta aquí nada básico que se pueda proyectar hacia delante. Al parecer la autoridad pareció repensar el caso y ofrece, sin haberse solicitado, una discreta disculpa por agitar las aguas de la disputa. Tal vez deseó desprenderse de la obligada continuidad. En ese pequeño espacio entreabierto, podrá juzgarse, después, el rumbo cierto que seguirá el embrollo.
Mientras, varios analistas de la vida mediática se hicieron notar con altisonantes y acusadoras peroratas. Entre ellas, se alistan varias ideas o tesis importantes. Una, crucial, apunta hacia la validez de la institución acusadora como sujeto eficaz. Enseguida, aparece el complemento estructural: un gobierno autoritario, como envoltorio, que no resiste la crítica y, menos aún, la investigación privada de sus fechorías. Todavía se puede precisar un tanto adicional a este complejo argumento. En su mero centro, aparece un ex presidente (AMLO), tachado sin miramientos como déspota. Personaje que, sin la obligada delicadeza del poderoso, inició los ataques a una académica incómoda. Utilizó, sin dimensionar consecuencias, sus cuestionadas mañaneras. Sólo para dar paso a lo que se ha transformado en maligna herencia, retomada por su sucesora (CSP). A ella no se le ataca por el momento, pero será, sin duda, parte sustantiva del envenenado caso.
Entra en el rejuego defensivo la organización privada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Un referente harto expuesto y tocada por la crítica presidencial, ciertamente no por sus logros, bien conocidos y usados, sino por ser, al menos en parte, financiada por el gobierno estadunidense. Pero los apoyadores de la indiciada usan a MCCI como respaldo a la eficacia investigadora de la acusada que es su presidenta y líder. Los gratuitos abogados de soporte, profundizan supuestos adicionales. En una cadena de silogismos tramposos, hilan la desaparición de los contrapesos, la intimidación a críticos y al haber cortado el nervio de la independencia judicial. Todo esto hace de la corrupción, afirman categóricos, la médula de dominación política. Un enlace por demás arbitrario y francamente falso. Pero, sin temor alguno, el crítico avezado y enardecido trasmutado en defensor, continúa engarzando frases para concluir que la corrupción generalizada se instaló en – este y el anterior– gobierno y trastocó el discurso de pretendida superioridad moral de López Obrador. Todos estos argumentos aparecen en la defensa de una, señalada, como infractora administrativa, civil y penal. Asuntos que están, todavía, lejos de ser materia de tribunales.
Es prudente poner la atención a una serie de supuestos que conforman un universo de acusaciones generales. Se sostiene que no será posible administrar justicia donde existe una fiscalía de utilería, condicionada, a su vez, por otra democracia también de utilería. En esa concepción no podrá haber, entonces, salvación alguna ni, tampoco, sano juicio público alguno. Todo quedará flotando en la ilegalidad o en la imposibilidad de administrar justicia. Todo es falso, de utilería y corrupto, es el fondo de los alegatos.
En el curso de esta que es, en verdad, una disputa por un modelo de gobierno hay que hacer varios deslindes. Se debe sacar a colación una activa voluntad de cambio que viene ensamblando varias piezas transformadoras de un dañino régimen previo. Es notorio el torpe uso de los ataques a la legitimidad de un gobierno electo para defender a un aliado o amiga querida.
Las calidades investigadoras no disculpan errores, y menos, delitos. Asegurar la vocación autoritaria de un presidente acusador como coraza para el indiciado es, cuando menos, una exageración irrespetuosa. Permitida en un ambiente libertario.
Se olvida la materia del asunto en cuestión: ¿hubo suicidio o accidente de trabajo? ¿Se trató de influenciar (y logró) a la institución para modificar el veredicto técnico? ¿La indemnización y pensión vitalicia ya cobrada, es legal o no? ¿Quién o quiénes fueron los responsables que mediaron en el caso? Estos son algunos de los tópicos útiles y no la diatriba denunciatoria de presidentes y gobiernos enemigos de la verdad y reactivos a la crítica.
