En medio del debate sobre la magnitud del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) en los años recientes, su Consejo General aprobó, en votación dividida, la apertura de poco más de 40 plazas para la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, cuyo titular, José Luis Arévalo Romo, fue la primera designación directa de la presidenta del órgano, Guadalupe Taddei.

El asunto avivó la división en el máximo órgano de decisión del instituto, particularmente la controversia por las facultades de la consejera, otorgadas por el Legislativo en el contexto de la reforma judicial, es decir, puede hacer nombramientos sin la venia del colegiado.

En cuanto al presupuesto para el año entrante, la Cámara de Diputados determinó una reducción de mil millones de pesos, 6.6 por ciento menos de lo solicitado por el INE, lo que implicó hacer ajustes a programas específicos, sobre todo del área de organización y capacitación electoral, así como en tareas puntuales del Registro Federal de Electores.

Para algunos consejeros, en esta circunstancia no se justificaba dar más plazas a la Unidad de Transparencia –y una partida de 58.5 millones de pesos– sobre todo al considerar que ello no daba certeza de eficiencia, porque el responsable de la misma no tiene el perfil adecuado para el cargo.

El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Transparencia, debió votar en favor de abrir las plazas para la unidad, no sin antes enfilar una crítica explícita al funcionario, cuya currícula en el sector público se limita a distintos trabajos con el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, principalmente en la ex Secretaría de Seguridad Pública federal y en el Senado.

“En la reunión que se llevó a cabo el 12 de noviembre, el titular del área, en efecto, no pudo explicar cómo se distribuyen los recursos humanos de su propia área”, anotó.

Ahí no quedó el apunte: el consejero dejó entrever que las fallas en la unidad no son necesariamente por falta de personal, sino de experiencia en esta tarea especializada, por lo que pidió a la Secretaría Ejecutiva del INE revisar la “idoneidad” y perfiles del directivo.

“El área tiene serias deficiencias; documentos que podrían tomar días en hacerse, pueden tomar semanas o meses, y aun así con enormes deficiencias, las cuales terminan siendo corregidas sobre las rodillas en las oficinas de las consejerías.”

Castillo Loza advirtió que no pueden seguir así, “a tropiezos sobre las rodillas, en materia de transparencia”, sobre todo frente a un megaproceso electoral que se inicia en septiembre próximo y, en lo inmediato, por las nuevas atribuciones del INE, asignadas a consecuencia de la desaparición del instituto nacional en la materia.

Así concluía el debate en el que Taddei se limitó a conceder el uso de la palabra a sus colegas: Norma de la Cruz, presidenta de la comisión temporal de Presupuesto, para desglosar la manera en que se garantizará la “eficiencia operativa” del instituto, y Jorge Montaño pedía “no vaticinar un escenario trágico” por el recorte, pues al fin y al cabo, si la cosa se pone difícil, “tenemos derecho a pedir una ampliación” de presupuesto.

Reprueban disminución de recursos

Además del punto del titular de la Unidad de Transparencia, los consejeros Dania Ravel, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Martín Faz, Claudia Zavala, Uuc-kib Espadas, Rita Bell López y Castillo advirtieron que no se puede normalizar que el INE reciba cada vez menos recursos y al mismo tiempo le sean asignadas más responsabilidades.

También dijeron que es riesgoso ver hasta el segundo semestre del año en qué áreas hay ahorros para abonar a los proyectos que iniciarán 2026 con menos dinero o de plano en ceros.

Aunque la mayor parte del recurso base asignado al INE se va en el pago de nómina (la plana mayor del órgano gana más de 200 mil pesos al mes, más prestaciones superiores a lo que marca la ley), por ahora la alerta que los consejeros optaron por desarrollar es que una cosa es la austeridad y otra, como dijo el consejero Espadas, “pretender que el instituto puede desarrollar más atribuciones con el mismo presupuesto, viola flagrantemente el principio de racionalidad”.