En una sesión que duró más de 24 horas continuas, la Cámara de Diputados aprobó ayer y envió de inmediato al Senado las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales, en las que se define al líquido como “un bien social y cultural, no monetizable ni sujeto a las reglas del mercado”, ya que éstas no deben estar “por encima de las necesidades humanas y ambientales”.

De acuerdo con un documento de análisis elaborado por el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, uno de los principales objetivos de ambas normas es lograr que el uso del agua “equilibre la garantía de la vida digna con la promoción del desarrollo económico, con prioridad al uso doméstico y la restauración ambiental”.

Asimismo, las dos leyes buscan brindar garantías del derecho humano al agua y que sus elementos centrales son la accesibilidad –esto es, que el agua y las instalaciones donde se pueda utilizar estén al alcance físico de las personas– y la asequibilidad, es decir, que el recurso esté al alcance económico de todos, sin que esto ponga en riesgo otras garantías.

De igual manera, las leyes hacen énfasis en la calidad del líquido, que esté libre de sustancias nocivas para la salud, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, y en la disponibilidad, concepto relacionado con un abastecimiento suficiente, continuo y equitativo.

Por otro lado, las dos normas aprobadas ayer establecen la eliminación del régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, que será sustituido por la reasignación de volúmenes, bajo un régimen expedito que obligará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a resolver en un máximo de 20 días, y la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, conformado por volúmenes recuperados de títulos de concesión.

Para abonar a la modernización regulatoria del líquido y la transparencia en su manejo, también se crea el Registro Público Nacional del Agua, a partir del anterior Registro Público de Derechos de Agua, a fin de lograr “un adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones”.

El nuevo orden legal se aprobó con 324 votos en favor –de Morena y sus aliados–, 117 en contra, de la oposición, y dos abstenciones –de Aracely Cruz Jiménez (PT) y Araceli Mendoza, del Movimiento del Sombrero–. En el tablero también apareció un voto en contra de la petista Patricia Galindo.

Durante el maratónico debate, que comenzó a las 13:50 del miércoles y concluyó a las 14:14 del jueves, José Narro (Morena) destacó la importancia de la redacción modificada del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, en el cual se garantiza la continuidad del binomio agua-tierra en los casos de transmisión o herencia de los derechos de uso del líquido, lo que garantiza –dijo– una reasignación ordenada.

De esta forma, añadió, se deroga la Ley de Aguas Nacionales de 1992, en la cual “se constituyó un Consejo Consultivo del Agua donde están las grandes empresas como Lala, Femsa, las grandes mineras que son las dueñas” del líquido en México, y a las que –según Narro– “les sirven los partidos de derecha”.

En sentido contrario, la priísta Ariana del Rejón alertó que ambas normas son en realidad “el nuevo instrumento electoral de Morena”, pues “convierten el agua en moneda política, en tarjeta del bienestar, en palanca de control sobre campesinos, productores, comunidades indígenas y municipios”. En suma, concluyó, “este diseño legal convierte al gobierno en el dueño político del grifo”.

El PAN trasladó los insultos de la tribuna a las curules. Hasta los asientos del PT y, en reclamo porque desde ese partido se acusó al panismo de retrasar el debate de manera artificial, la cúpula blanquiazul perdió la compostura y gritó a los petistas: “¡putos, putos!”

A las 11 de la mañana, y cuando faltaban todavía 80 oradores, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llegó a un acuerdo para depurar la lista y, pasadas las 2 de la tarde, el pleno avaló las leyes en materia de aguas, que incluyeron los 68 cambios pactados con los productores.