Habitantes que ocupaban el predio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, accedieron al expediente completo del juicio 2059/2024, tramitado ante el juzgado 54 de lo civil, cuya resolución dio origen al “despojo disfrazado de desalojo” del 27 de agosto, y aseguran que la revisión reveló nuevas irregularidades en el proceso.

En una rueda de prensa realizada en el campamento, explicaron que el contrato de compraventa que dio origen al juicio carece de formalidades básicas: no incluye firma de testigos ni ratificación ante notario, y no acredita que la presunta vendedora, Mireya Díaz, tuviera derechos sobre el inmueble ante el Registro Público de la Propiedad.

“El desalojo se ordenó sin escritura de propiedad; hasta hoy no se ha validado quién vendió ni quién tiene el derecho real sobre Cuba 11”, señaló Ana Gloria Cruz, una de las afectadas.

También denunciaron irregularidades en la notificación judicial de Elías Alejandro Cisneros González, secretario actuario del juzgado A, quien asentó que la diligencia fue recibida por María Esther P.E. –esposa del vecino Manuel Gómez–, quien falleció el 9 de marzo de 2020. “Aparece incluso un número de credencial de elector; no sabemos cómo obtuvieron ese dato”, dijo Gómez.

Asumir responsabilidades

Los vecinos afirmaron que el procedimiento ignoró las observaciones generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre vivienda y desalojos, obligatorias para México al amparo del artículo 11 del Pacto Internacional del ramo, lo que constituye, advirtieron, una violación grave a derechos humanos.

Asimismo, llamaron al Congreso capitalino y al Poder Judicial a asumir responsabilidad, al considerar que la ausencia de normas claras y supervisión judicial favorece prácticas asociadas al llamado cártel inmobiliario. El abogado del caso, Arturo Aparicio, advirtió que las irregularidades detectadas podrían derivar en responsabilidades administrativas graves e incluso en delitos como fraude procesal por la participación de actuarios, notarios y particulares.

Presentaron, además, el inicio de su campaña por el derecho a la vivienda, que incluye una propuesta de reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo y establecer controles de renta que eviten incrementos abusivos. El representante legal explicó que si la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no considera asumir la propuesta, requerirán al menos 12 mil firmas para ingresar la iniciativa y 20 mil para presentarla como preferente.

Asimismo, convocaron a una movilización el 15 de diciembre rumbo al Congreso de la Ciudad de México para entregar la iniciativa ciudadana.