os mapuches constituyen un pueblo de 2 millones y medio de personas con cultura y lengua propias –el mapudungun–, distribuidas entre Chile y Argentina, que se caracterizan por su permanente y emblemática lucha de resistencia frente a gobiernos represivos que, en el caso chileno, mantiene en la actualidad a 130 presos políticos distribuidos en distintas cárceles de Valdivia, Temuco, Angol, Cañete y Concepción. Como en el resto de los países del continente donde hay presencia de pueblos originarios, el Estado chileno utiliza la criminalización judicial contra el movimiento mapuche. La “justicia” se ve permeabilizada en todos los juicios por una mentalidad colonial y racista, demostrada en procesos que no cumplen con los requisitos de ley, con petición de altas condenas, testigos protegidos, llenos de vicios jurídicos, con prisión preventiva en ocasiones de años, violando tratados internacionales que protegen los derechos de pueblos originarios, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e incluso la propia Constitución chilena.
Independientemente del resultado final de las elecciones del 14 de diciembre en Chile, no se vislumbran soluciones favorables para el pueblo mapuche, ya que ambos candidatos prometen aumentar la militarización en lo que llaman la Araucanía, evidenciando una política colonial y de exterminio.
Lamentablemente, la gestión de los dos estados coloniales (Chile y Argentina) contra el Wallmapu camina hacia el neofascismo, con incremento de la represión ya efectiva con más de tres años bajo estado de excepción del territorio mapuche. Igualmente, cabe esperar el aumento de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Por ello, la necesidad de articular la observación y solidaridad exterior que ayude a visibilizar la lucha histórica del pueblo mapuche, como la que propone el colectivo Solidaridad Internacionalista con la Lucha Mapuche Autonomista, que recientemente hizo público su compromiso de apoyo a la autodeterminación y el derecho a la rebelión de los pueblos, la defensa del ejercicio de su soberanía y la recuperación territorial, todo ello desde una perspectiva anticapitalista y anticolonial.
El propósito de este colectivo es visibilizar el conflicto político de Chile y Argentina frente al Wallmapu, entendiendo que la militarización del territorio mapuche es una estrategia de despojo y usurpación. Una guerra de baja intensidad, que protege los intereses de las grandes empresas forestales, agrícolas y energéticas bajo el argumento de mantener “la seguridad y el orden público” mientras se justifica la prisión política, la criminalización y la represión del pueblo originario mapuche, estigmatizado y deshumanizado por los medios de desinformación hegemónicos.
Asimismo, convoca a conocer la historia del pueblo originario mapuche, desde su lucha contra los imperios inca y español hasta nuestros días y su propuesta de liberación nacional, para solidarizarse con su causa y aunar fuerzas que puedan detener la sistemática violación de sus derechos fundamentales.
Se recuerda que España reconoció su soberanía desde el río Bio Bio hasta el sur y que, a finales del siglo XIX, los ejércitos chileno y argentino llevaron a cabo una campaña militar genocida que culminó con la usurpación de su territorio, los asesinatos en masa, la imposición de un sistema de semiesclavitud de su gente y la cancelación de toda posibilidad para el ejercicio del derecho a la libre determinación como pueblo. Sin embargo, los mapuches han sabido mantener su cosmovisión por medio de procesos de recuperación territorial y reconstrucción política, cultural y espiritual, en el caso chileno, a lo largo del gobierno de Allende, la dictadura de Pinochet y los distintos gobiernos antimapuches posdictadura.
Estos estos días, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina denunciaba que hay “injerencia del poder político en los procesos judiciales” en los que están involucrados integrantes del pueblo mapuche, ante la negativa del Ministerio de Seguridad de la Nación de trasladar a la Unidad 14 de Esquel de mediana seguridad a Facundo Jones Huala –detenido el pasado mes de junio por delito de opinión tras la presentación de su libro Entre rejas: Antipoesía incendiaria, y encarcelado bajo máxima seguridad en la Unidad 6 de Rawson.
El colectivo hace un llamado urgente a la solidaridad internacional para acompañar a un pueblo digno, en resistencia contra la ocupación y el extractivismo, invitando a los colectivos y las organizaciones a articular y denunciar con valentía la deriva deshumanizadora del mundo capitalista, revitalizando el tejido comunitario frente al individualismo. Que los pueblos no tengan que ser masacrados para elevar nuestras voces. ¡Los pueblos en rebelión escriben la historia! Amulepe tain weichan (que la lucha continúe).
