La sentencia del Poder Judicial de Perú que condenó a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión al ex presidente Pedro Castillo por rebelión y conspiración es improcedente y refleja una crisis institucional profunda, afirmó ayer su abogado, Guido Croxatto.

En entrevista telefónica desde Buenos Aires, sostuvo que el proceso penal contra el ex mandatario busca encubrir una irregularidad de origen: la destitución de Castillo que –aseguró– se realizó en violación de la normativa peruana. A su juicio, el fallo no es un hecho aislado, sino una evidencia más del colapso del estado de derecho en el país andino.

“Es improcedente porque al ser un presidente mal cesado no procede un juicio penal. Primero tiene que haber una destitución constitucional”, explicó Croxatto, quien sostiene que la vacancia de Castillo decidida en 2022 por el Congreso peruano se efectuó sin alcanzar los votos requeridos por la ley. Por ello la sentencia funciona como una cortina de humo: “Para tapar que le hacen un juicio penal”.

Croxatto insistió en que el sistema judicial peruano carece de legitimidad para juzgar al ex mandatario, debido al control político que, afirmó, ejercen grupos de poder sobre las instituciones.

El abogado confirmó que mantiene un “diálogo continuo” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que en los próximos meses sostendrá reuniones en Naciones Unidas para avanzar en la defensa.

Advirtió que la persecución judicial en Perú se ha extendido a todo el espectro progresista.

Sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, así como el anuncio de Lima de que buscará modificar la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, tras el refugio otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez –quien continúa en la embajada mexicana a la espera de un salvoconducto–, Croxatto consideró que se trata de tácticas dilatorias para evitar cumplir obligaciones internacionales.

“Es una dilación. Perú está obligado a otorgar el salvoconducto porque el asilo es legal”, señaló. Incluso si la convención fuese reformada, añadió, no tendría efectos retroactivos.