Lima. La justicia peruana condenó ayer a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión al depuesto presidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien declaró culpable de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público tras su fallido intento de cerrar el Congreso en diciembre de 2022, que culminó con un golpe de Estado parlamentario en su contra.

Al conocer el fallo, Castillo afirmó que tarde o temprano se impondrá la verdad.

También fue condenada por el mismo lapso la ex primera ministra, Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima desde el pasado día 3, considerada coautora del delito de conspiración para la rebelión, para quien se emitió una orden de detención a escala nacional e internacional.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la fiscalía de “un intento de quiebre del orden constitucional”. La policía detuvo al ex mandatario ese mismo día, cuando se dirigía a la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogida en el expediente judicial.

Maestro rural y sindicalista, Castillo ganó la elección de 2021. Durante los 16 meses que estuvo en el gobierno modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna; sobrevivió a dos intentos previos de remoción. Su caída provocó el ascenso de facto al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte, y desató violentas protestas que dejaron más de 50 muertos.

Castillo está preso desde hace tres años en una cárcel exclusiva para ex mandatarios, donde estuvo Fujimori por más de 15 años hasta su liberación en 2023. Se encuentra con Alejandro Toledo (2001-2006) condenado a 20 años por lavado de activos de la constructora Odebrecht; Ollanta Humala (2011-2016), sentenciado a 15 años de cárcel por lavado de dinero de esa firma brasileña; y Martín Viscarra (2018-2020) sentenciado antier a 14 años de prisión por recibir sobornos.