Tras una discusión que dividió al pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer expulsar del sistema jurídico la norma que eliminó el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a partir de la reforma del 6 de noviembre de 2020, que extinguió 109 de estos instrumentos.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía propuso expulsar la fracción I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, ya que el año pasado, la extinta primera sala determinó por unanimidad que era inconstitucional, pues al desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas también se perdió la obligación de destinar cada año al fideicomiso 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Respaldaron la propuesta, además del ponente, los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Hugo Aguilar Ortiz (presidente) y Arístides García Guerrero, al coincidir en que la reforma fue una “medida regresiva injustificada” contra las víctimas.

Ortiz Ahlf reiteró que los recursos destinados a ellas no pueden recortarse, reasignarse ni eliminarse al ser un grupo en grave vulnerabilidad. Sin embargo, cuatro integrantes frenaron la expulsión de la norma al advertir que ello reviviría el fideicomiso eliminado. La ministra Lenia Batres aseguró que las víctimas no quedaron desprotegidas, pues el fondo fue sustituido por recursos variables provenientes de bienes decomisados y por partidas sin límite máximo que el Estado debe garantizar.

Batres añadió que “no hay víctimas quejándose de la falta del cumplimiento de esta reparación de daños; yo creo que deberíamos ser respetuosos y dejar esta ley en el texto que determinó su vigencia en el Congreso de la Unión”.

Irving Espinosa Betanzo afirmó que la extinta sala se extralimitó en 2024 al resolver el amparo en revisión promovido por el Centro Prodh, pues la quejosa no reclamó la extinción del fideicomiso. Sostuvo que la Corte anterior quiso “curarse en salud” ante la posible extinción de los fideicomisos del propio Poder Judicial.

Ortiz Ahlf rechazó esa postura y defendió que la primera sala actuó conforme a la Constitución y tratados internacionales, aplicando el principio pro persona para garantizar la reparación a las víctimas.

Al finalizar la discusión, se votó si el pleno compartía el criterio de la primera sala; cinco de nueve ministros lo apoyaron, pero faltó un voto para avalar la declaratoria general de inconstitucionalidad.

El pasado lunes, el Centro Prodh y Fundar México pidieron a la SCJN restablecer el piso de 0.014 por ciento del gasto programable, pues su supresión ha significado que la CEAV reciba en promedio 200 millones de pesos menos cada año.