Guadalajara, Jal., Los 40 adultos detenidos antier en la noche después de los actos vandálicos que perpetraron por casi tres horas en el centro histórico de esta capital –sin que las autoridades lo impidieran–, fueron enviados ayer al complejo penitenciario de Puente Grande y puestos a disposición de un juez de control y oralidad.

En el grupo hay cinco mujeres que también serán presentadas ante la autoridad, en una primera audiencia prevista para hoy, para determinar si los cargos fincados por el Ministerio Público son suficientes para vincularlos a proceso, luego de que la fiscalía informó que todos los detenidos son señalados por el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Además, siete de los arrestados deberán enfrentar otras imputaciones: a tres se les responsabiliza de daño en las cosas, a cuatro les agregan lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, precisó la fiscalía.

Entre los indiciados hay cuatro menores, que permanecerán internados en un albergue hasta la audiencia.

El traslado de los imputados a Puente Grande se hizo casi 48 horas después de las detenciones del sábado, primero fueron enviados a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, muchos de ellos golpeados, narraron padres de familia, que hasta el domingo por la tarde pudieron ingresar a la dependencia para hablar con su familiar en locutorios, a través de cristales.

La madre de uno de los detenidos que pidió no publicar su nombre, dijo que el personal de la fiscalía pedía dinero para que en la carpeta de investigación no le fincaran delitos graves y con ello evitar que su familiar fuera vinculado a proceso con cargos más severos.

Varios padres aseguraron que los arrestos fueron indiscriminados, porque a quienes los policías consideraban sospechoso lo atrapaban y lo llevaban al palacio de gobierno, donde “les pusieron otra madriza aparte de las que les dieron cuando los detuvieron”.

El caso más emblemático es el de Ángel Yael Andrade Hernández, quien transitaba por la plaza de armas junto con su esposa e hija de 2 años cuando los agentes comenzaron a realizar las detenciones. “Íbamos pasando y vimos que todos empezaron a correr y les aventaban gases. Mi marido se quitó la playera para tapar la cara a mi niña, debido a los gases que arrojaban, llegó la policía y se lo llevaron dizque porque tenían videos de que veníamos con ellos”, contó Ana Karen Grande, luego de que detuvieron a su pareja.

Lo mismo ocurrió con Fernanda, hija de Cristina González, quien señaló que la joven pasaba por el centro de Guadalajara, el sábado y estaba lleno de personas por el Buen Fin cuando la detuvieron de forma injusta.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) advirtió que, con base en los numerosos testimonios y videos, autoridades estatales y municipales cometieron “múltiples violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, probables actos de tortura y tratos o pe-nas crueles, inhumanos o degradantes y violaciones a los derechos procesales”.

“Los hechos evidencian la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y actuación en contextos de movilización o protesta social. Las corporaciones encargadas de la seguridad pública no deben seguir cometiendo más violaciones de derechos humanos contra las personas manifestantes, de quienes transitan por la zona y de periodistas que ejercen su labor”, puntualizó el Cepad.

Los señalamientos del centro se suman a los que el domingo hizo el cardenal Francisco Robles Ortega, al término de la misa en la catedral de Guadalajara, donde señaló que el gobierno estatal falló para detener la violencia y detectar a personas infiltradas durante la manifestación.