Zacatecas, Zac., La Secretaría del Campo (Secampo) estatal informó que más de 16 mil 500 campesinos que se dedican a la producción de hortalizas y granos mediante distintos sistemas de riego, junto con sus familias “podrían resultar afectados” si la Cámara de Diputados aprueba la nueva Ley General de Aguas Nacionales, tal como lo propuso en una iniciativa de decreto el gobierno federal.

En las últimas tres semanas, los agricultores han tomado carreteras y casetas de peaje para pedir al Congreso del estado sumarse a la exigencia a los diputados federales, para que no aprueben el decreto, sin revisar y modificar antes la disposición legal y otras leyes reglamentarias asociadas.

Según un documento de la Secampo, elaborado para evaluar el impacto en este sector, Zacatecas tiene una superficie territorial total de 7 millones 527 mil hectáreas. De ellas, un millón 500 mil están destinadas a la agricultura en general, y 379 mil 500; es decir, poco más de 25.3 por ciento, producen bajo algún sistema de riego.

La Secampo dio a conocer que con base en información que le proporcionó la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los volúmenes concesionados en 2024 al sector agrícola fueron 360 millones 191 mil 456 metros cúbicos de líquido, catalogados de “uso agrícola superficial”, e incluiría disponer del recurso contenido en presas, bordos, embalses, arroyos y ríos, entre otros. Mientras, un millón 33 mil 642 metros cúbicos de agua son de “uso agrícola subterráneo”; es decir, sustraída del subsuelo con pozos.

Extorsión agrícola crece 45% en Puebla

El número de casos de extorsión a productores agrícolas en el estado de Puebla aumento 45 por ciento en el último año, según reportes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Arturo Fragoso Pineda, dirigente estatal de la organización, indicó a La Jornada de Oriente que la cifra pasó de 22 casos en 2024 a 32 en 2025, lo que afecta sobre todo a comunidades de la Mixteca como Ayoxuxtla, en el municipio de Huehuetlán El Chico; Jolalpan, y San Juan Pilcaya, junta auxiliar de Chiautla de Tapia.

Fragoso señaló que la violencia y la presencia de nuevos grupos criminales se han fortalecido en la región, mientras las autoridades estatales y federales no han aplicado acciones eficaces para contener la extorsión.

Pese a reuniones entre representantes agrarios y funcionarios del gobierno, la respuesta oficial ha sido insuficiente: “Sabemos que hay mesas de trabajo del gabinete de seguridad, pero no se ve acción”.

La forma más recurrente de perjuicio es el pago mensual de cuotas de 3 mil a 10 mil pesos, según el tamaño de las parcelas, el tipo de cultivo y la capacidad económica del agricultor extorsionado.