Chilpancingo, Gro., La zona sur-sureste del país es la “más peligrosa para la defensa comunitaria”, por los asesinatos de defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente, críticos del sistema y activistas contra la inseguridad y por la justicia, la verdad y la paz en el estado de Guerrero, aseguró la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa México AC).

A partir de 2019, documentó que 53.4 por ciento de un total de 42 asesinatos cometidos contra defensores de los derechos a la tierra, al territorio y a un medio ambiente sano se cometieron es esta región, una de las más pobres del país.

Indicó que el asesinato del abogado y activista Anselmo Campuzano Martínez –que comenzó en septiembre de 2014 a defender los colectivos de familiares de personas ausentes del municipio de Iguala, desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en esa ciudad–, es el último de la lista iniciada hace siete años.

Campuzano Martínez murió el 4 de octubre, un día después de ser baleado al salir de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esa cabecera municipal, en la zona norte de Guerrero, donde había presentado una denuncia por corrupción contra agentes ministeriales.

Su hermana, Bertha Denisse Campuzano Martínez, expuso vía telefónica que su familia, que sigue radicando en Iguala a pesar del asesinato de su consanguíneo, está recibiendo amenazas por teléfono de extraños que le dicen: “Ya hablaste mucho”.

Agregó: “Pido ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y (a la gobernadora) Evelyn Salgado Pineda; ellas son madres y seguramente me comprenderán”.

Educa México, que monitorea y documenta los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos, señala que hasta 2019 Guerrero ocupaba el segundo lugar, con tres víctimas ese año, después de Oaxaca, donde se contabilizaron 10 casos. Pero a partir de ese año se registraron en Guerrero 42 víctimas, lo que lo sitúa al estado en el primer lugar y Oaxaca, con 34, en segundo.

Destacan los casos de Julián Cortés Flores, indígena me’phaa (tlapaneco) integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), asesinado en San Luis Acatlán, en región la Costa Chica, el 12 de abril de 2019.

También resalta el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), defensor del río Papagayo, integrante del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos, y líder de Turisteros Unidos en Defensa de Playa Icacos, quien fue atacado a balazos el 18 de abril en plena Semana Santa en la playa Icacos de Acapulco, y falleció una semana después.

Otro activista ultimado este año fue Sergio Hugo Ureiro Castañeda, líder del Movimiento en Defensa de la Plazoleta Los Cántaros, abatido el 20 de julio en Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta.

Igualmente se documentaron los homicidios de José Lucio Bartolo Faustino y de Modesto Verales Sebastián, indígenas nahuas promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), asesinados el 4 de mayo de 2019.

Isaías Cantú Carrasco, indígena me’phaa, presidente del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta, e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, fue ejecutado el 11 de octubre de 2019; también Arnulfo Cerón Soriano, indígena nahua dirigente del Frente Popular de la Montaña, desapareció en Tlapa el 11 de octubre, y fue encontrado en una fosa clandestina el 20 de noviembre del mismo año.

Un mes después, el 9 de diciembre, asesinaron a Manuel Alejandro Gutiérrez, indígena nahua fundador y coordinador del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán. El 24 de abril de 2020 fue ultimado Jesús Memije Martínez, delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en la Costa Grande, cuando iba con su hijo a la comunidad de Yetla, municipio de Coyuca de Benítez. El 12 de mayo de 2020 , asesinaron a Óscar Ontiveros Martínez, líder opositor a la empresa minera Media Luna, municipio de Cocula.

El 8 de octubre mataron al indígena nahua Juan Aquino González, defensor del bosque del municipio de Copalillo, en la zona norte, e integrante del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Guerrero.

El 20 de diciembre de 2020, en la carretera Chilapa-Tlapa, fueron ejecutados los indígenas nahuas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, miembros del CIPOG-EZ.

El 15 de marzo de 2021 ejecutaron a Isaías Elacio Palma, integrante de la CRAC-policía comunitaria de Huamuchitos, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica; y el 4 de abril mataron y decapitaron a Carlos Marqués Oyorzábal, defensor del bosque y comisario municipal del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente.

El 21 de mayo asesinaron en Chilpancingo a Marco Antonio Arcos Fuentes, defensor del bosque y comisario municipal de Jaleaca de Catalán. Y el 4 de agosto, en Acapulco, ultimaron a Ramiro Ventura Apolonio, policía comunitario de la CRAC-PC, y miembro del CECOP.

Los crímenes de 2022 iniciaron el 28 de abril, con el homicidio de Luis Donato Ortiz, defensor del pueblo afromexicano, fundador del Consejo Ciudadano en Marquelia, en la Costa Chica. El 9 de julio asesinaron a Alberto Morales Sebastián, comandante de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF e integrante del CIPOG-EZ.

Asimismo, privaron de la vida el 5 de noviembre Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, del CIPOG-EZ, y de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF y de Radio Zapote, .

El 15 de julio de 2023 Ulises Nava Juárez, activista de la comunidad LGBT+, y jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue ultimado en Aguascalientes.

Esteban Xochitempa Tepexco, de 40 años, y su hijo Juan Xochitempa Macario, de 16, nahuas integrantes del CIPOG-EZ fueron asesinados el 13 de agosto en Chilapa.

El 23 del mismo mes Marcelino Hernández Tecorral, nahua, miembro del CIPOG-EZ, pereció en el tramo carretero Chilpancingo-Chilapa.

La misma suerte corrieron, el 26 de septiembre de 2023, Alberta Santos Tomás y José Juan Hernández Fiscaleño, indígenas nahuas del pueblo de Alcozacán, municipio de Chilapa, integrantes del CIPOG-EZ, quienes desaparecieron el 26 y sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez.

Uno de los dos crímenes registrados en 2024 ocurrió el 13 de febrero, cuando Noé Sandoval Adame, activista del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, fue asesinado ese día en Zumpango, cabecera del municipio de Eduardo Neri. Un mes después, el 7 de marzo, en la carretera que va a Tixtla, a la salida de Chilpancingo, policías estatales mataron a Yanqui Kothan Gómez Peralta, activista de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, un día después de participar en una protesta en la Ciudad de México, cuando derribaron la puerta de Palacio Nacional.

El 18 de julio de ese mismo año se reportó el homicidio de María de Jesús Pasado y Alberto Verales, indígenas nahuas miembros del CIPOG-EZ originarios de Alcozacán, municipio de Chilapa.

El monitoreo reveló que en dos de cada tres asesinatos fueron señalados como los presuntos responsables integrantes de los poderes fácticos y las autoridades locales; además, todos los casos se encuentran en la impunidad y en la mayoría ni siquiera se han realizado las investigaciones.