Atrapado en su propia arquitectura institucional y sin poder convocar o celebrar siquiera a las sesiones que la ley le exige, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está virtualmente estancado.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el modelo creado hace una década para coordinar el combate a la corrupción debe revisarse a fondo porque “no está funcionando a plenitud”, mientras la propia presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, coincidió en que el sistema ya no responde a lo que la ciudadanía merece. A estas voces se suma la de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien ha advertido que, si no se revitaliza, el SNA camina hacia la irrelevancia.

El viernes, en su rueda de prensa matutina, Sheinbaum opinó que el SNA –creado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto e impulsado también por organizaciones civiles– nació bajo una arquitectura compleja que prometía reducir la impunidad administrativa. Sin embargo, dijo, la dispersión de facultades entre dependencias y tribunales ha dificultado su eficacia.

Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), y quien también encabeza el SNA y su comité coordinador, respaldó de inmediato la postura presidencial. En un mensaje difundido en X, afirmó que el sistema debe revisarse a fondo porque hoy no responde a las expectativas sociales. “Tenemos una reforma lista para presentarle”, escribió.

La parálisis del SNA se refleja en lo más básico: el incumplimiento de sus obligaciones mínimas de operación. De acuerdo con la ley, su Comité Coordinador debe sesionar cada trimestre; no obstante, en lo que va de 2025 sólo lo ha hecho una vez, el 7 de febrero.

Sesiones pospuestas y cargos acéfalos

La segunda sesión ordinaria del año ha sido pospuesta dos veces por falta de quórum y se reprogramó, por tercera ocasión, para el 21 de noviembre. En 2024 también quedó una sesión pendiente. Entre los temas atorados se encuentra una plenaria nacional del Sistema –conformado por las 32 entidades federativas– cuya convocatoria debió emitirse a más tardar al inicio de noviembre y que lleva un año sin concretarse.

Prácticamente todos los componentes del SNA tiene problemas que lastran su operación. El CPC nacional opera incompleto, con tres de los cinco integrantes que exige la ley. La Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) está acéfala desde marzo y funciona con un encargado de despacho tras la renuncia de su titular. En los estados, sólo siete de los 32 Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) están integrados al 100 por ciento, mientras 35 por ciento opera con menos de la mitad de sus miembros.

Persisten vacantes en comités ciudadanos, comités de selección, órganos técnicos y sistemas de fiscalización. En total, al 30 de septiembre, 35 por ciento de las 770 designaciones que integran los SEA seguían pendientes, según un reciente informe de la SESNA.

En 2024, cuando la falta de nombramientos era menos pronunciada que hoy, el comité coordinador aprobó un documento en el que señalaba que derivado de las vacantes en los SEA se vislumbraba un próximo escenario de “desarticulación”, lo que “podría incluso incidir en el Sistema Nacional”.

En tanto, la corrupción continúa generando costos tangibles: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los pagos indebidos y trámites irregulares representan 11 mil 910 millones de pesos anuales en el país.