l pasado lunes 10 de noviembre dio inicio la 30 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) en la ciudad de Belém, Brasil, con la presencia de representantes de más de 190 países. Como ocurre en cada edición, la mirada del mundo –especialmente de activistas climáticos y defensores del territorio– se enfoca en esta reunión diplomática que año con año despierta expectativas que poco se traducen en resultados.

Esta edición número 30 se lleva a cabo en un panorama internacional complejizado por las posturas de diversos líderes mundiales, principalmente Donald Trump, quienes no sólo han dado la espalda a los compromisos medioambientales previamente asumidos por sus naciones, sino que han aprobado políticas de explotación de recursos que suponen el recrudecimiento del deterioro ambiental. Vale la pena recordar que, desde la COP21 de París, los países se comprometieron a la realización de planes quinquenales para limitar el calentamiento global a través de estrategias diferenciadas, pero menos de 10 por ciento han cumplido con dichos planes.

Mientras tanto, el calentamiento global y el cambio climático continúan su curso. El Índice de Riesgo Climático Global 2026 señala que en las últimas tres décadas (1995-2024) ocurrieron más de 9 mil 700 eventos climáticos extremos, con un saldo de más de 830 mil muertes en el mundo. El mismo índice señala que 40 por ciento de la población mundial vive en los 11 países más afectados por estos fenómenos, seis de los cuales se encuentran en Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, el programa europeo de monitoreo climático Copernicus concluyó que 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, con una temperatura 1.6 grados Celsius mayor a los niveles preindustriales. Se estima, además, que el incremento de la temperatura en el Ártico –cuya tasa de calentamiento es mayor al del resto del planeta– alcance 2.4 grados en los próximos cinco años. Con estos resultados y previsiones, y a reserva de las estimaciones pendientes para confirmar tales cifras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que estamos próximos a rebasar el límite de 1.5 grados de calentamiento global acordado 10 años atrás en París. Rebasarlo, en sus palabras, representaría “una negligencia mortal” por parte de la comunidad mundial.

En México, cada año atestiguamos catástrofes socioambientales provocadas por los efectos del cambio climático y las deficiencias de muestras infraestructuras y sistemas de prevención. Este 2025, las inundaciones en el norte de Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo mostraron una vez más las consecuencias del calentamiento global y el rebasamiento de las instituciones del Estado para responder atinadamente ante fenómenos meteorológicos de esta magnitud.

En términos de la encíclica Laudato Si, lo urgente es refundar nuestra relación como humanidad con la Tierra. El reto es de tal magnitud que necesitamos reformular nuestros propios marcos teóricos y de acción climática. Teóricos como Jason F. McLennan sugieren que conceptos como la sustentabilidad son ya limitados. En el marco de sus proyectos de diseño y arquitectura regenerativa, McLennan plantea la construcción de edificios que no sean simplemente “menos malos para el medio ambiente, sino favorables para el medio ambiente”. Lo que necesitamos, agrega, es la adopción de una economía ya no sustentable, sino regenerativa, que activamente restaure los sistemas ecológicos y sociales.

En el marco de la COP30, las naciones y sus gobiernos tienen una nueva oportunidad para comprometerse efectivamente a la adopción de medidas ya no paliativas, sino integrales que propicien condiciones para una efectiva transición energética, una cooperación internacional justa en beneficio de los países más vulnerables y una apertura frontal al diálogo con organizaciones y comunidades defensoras de la casa común y el territorio.

No se puede perder de vista que son los países del Sur Global los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, mientras que los países más ricos son los que más abonan a la generación de emisiones, sea dentro de sus propias fronteras o a través de sus capitales operando en otros territorios. En este sentido, un efectivo mecanismo de financiación para la prevención de desastres no podría estar desligado de una perspectiva de aportaciones diferenciadas entre las naciones y de un llamamiento urgente a revertir las tendencias de recortes a financiamientos de ayuda humanitaria a nivel global. Además, tal como han exigido quienes se manifiestan en las afueras de la actual sede de la COP, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, un efectivo compromiso socioambiental requeriría de la participación de los pueblos y comunidades en estos espacios, y no sólo de los empresarios y políticos representantes de las naciones.

La oportunidad está de nuevo sobre la mesa, y es urgente que los poderes representados en esta conferencia asuman la gran responsabilidad que está en sus manos antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, a la ciudadanía global le corresponde la tarea de exigir la adopción y cumplimiento efectivos de los compromisos necesarios y urgentes en favor de nuestro planeta.

Sirva este espacio para honrar la memoria de una gran defensora de los derechos humanos, Blanca Isabel Martínez Bustos, fallecida el pasado 10 de noviembre, quien fuera directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y referente de la defensa de los derechos fundamentales en México.