Madrid. El histórico juicio contra el fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, entró en su fase final con la declaración en el estrado del imputado, quien negó los delitos por los que es juzgado y rechazó responder a las acusaciones, limitándose a admitir contestar preguntas de la Fiscalía y de la abogacía del Estado.

El máximo responsable de hacer cumplir la ley en el país se enfrenta a un proceso judicial por el delito de revelación de secretos.

El origen del caso se remonta a marzo de 2024, cuando se publicaron correos electrónicos de carácter privado entre el abogado de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el fiscal que instruía su caso por un presunto delito de evasión hacendaria.

El fiscal español intervino personalmente en la emisión de una nota de prensa en la que se desmintió un bulo con relación al caso, pero en todo momento ha negado que él mismo haya participado directa o indirectamente en la filtración de los mensajes a los medios de comunicación que lo publicaron.

Una parte sustancial del juicio ha sido la declaración de los periodistas involucrados, que si bien no han revelado las fuentes que les permitieron tener acceso a los correos privados, sí negaron que hubiera sido el imputado.

García Ortiz explicó ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo: “soy el fiscal general del Estado y tengo un absoluto respeto a los perjudicados en el proceso penal”, pero advirtió que, en su opinión, la pareja de Ayuso “ha tenido una actuación desleal a la hora de ejercer la acusación penal. No hay lealtad procesal en la búsqueda de la verdad”, enfatizó.

Negó “haber hecho llegar a terceras personas ajenas a la fiscalía” el correo donde la defensa de González Amador admitía, según el fiscal, que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”.

La declaración del fiscal general es el final de la fase de prueba, lo que ha dado paso a que las partes en el juicio ajusten sus peticiones para la sentencia.

En cuanto a las penas, los abogados del querellante, González Amador, mantuvieron la solicitud de cuatro años de prisión por revelación de secretos, mientras la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclamó seis años por el mismo delito.

El caso será ahora analizado por los miembros de la sala, que está integrada por algunos de los jueces más prestigiosos de España, entre ellos, Manuel Marchena (presidente) Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.