Ontario. El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, enfrentó ayer preguntas de sus homólogos del G-7 (Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos) sobre la legalidad de los ataques ejecutados por el Pentágono en el Caribe y el Pacífico contra barcos que afirma, sin pruebas, transportaban drogas hacia su país.

Los jefes de la diplomacia de los países del G-7 dieron inicio a la cumbre del organismo esta semana en Canadá.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, expresó “preocupación” por las operaciones militares que la Casa Blanca desarrolla en aguas internacionales y señaló que los ataques son “ilegales” y que “podrían contribuir a la inestabilidad regional”, informó The Guardian.

“Hemos observado con preocupación las operaciones militares en el Caribe porque ignoran el derecho internacional”, señaló Barrot.

Agregó que es esencial para el G-7 “trabajar en concreto” para confrontar el narcotráfico mundial, y apuntó que un millón de ciudadanos franceses viven en el Caribe y podrían ser afectados.

Advirtió que es crucial evitar “la inestabilidad causada por posibles escaladas”, después de que Venezuela advirtió que los despliegues estadunidenses podrían desencadenar un conflicto total.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró a la agencia Reuters que tales ataques sólo podrían justificarse como “legítima defensa” o por una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Rubio aseguró a la prensa que durante la reunión del G-7 no se abordaron asuntos de Venezuela y negó el reporte de CNN en el cual afirmó que Reino Unido suspendió el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos.

El secretario de Estado defendió la estrategia de combatir a quienes calificó nuevamente de “narcoterroristas” y señaló que las drogas también se envían a Europa a través de Venezuela, por lo que “deberían agradecer a Estados Unidos por su eliminación”.

Rechazó las críticas sobre la legalidad de los ataques, al afirmar que los europeos “no tienen derecho a dictar cómo Washington defiende su seguridad nacional”, informó The Guardian.

Los ataques que realizó el ejercito estadunidense contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, en los que al menos 76 personas han sido asesinadas, “fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado”, por lo que los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, aseveró el Departamento de Justicia.

“El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado”, puntualizó un portavoz del departamento.

En Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país está “más fortalecido” para enfrentar el despliegue militar estadunidense, al tiempo que las fuerzas armadas destruyeron una aeronave en el estado de Apure, que se desplazaba sin autorización.