La Fiscalía General de Justicia (FGJ) propuso al Congreso de la Ciudad de México una serie de modificaciones a su Ley Orgánica para crear la coordinación general de control ministerial, la cual, entre otras facultades, dará seguimiento, continuación y terminación de averiguaciones previas y carpetas de investigación.

Asimismo, se busca un uso estratégico de recursos alineados con las prioridades del Plan de Política Criminal. El propósito de la reforma es asegurar que cada caso “se procese de manera eficiente, transparente y conforme a los principios legales, evitando demoras injustificadas y garantizando el acceso a la justicia para todas las personas involucradas”.

Se trata de una serie de cambios administrativos para agilizar procedimientos, así como detallar nuevas facultades y definir competencias. Por ejemplo, se modifica la naturaleza jurídica del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, que pasará de órgano desconcentrado a unidad administrativa, y se precisan sus atribuciones para ofrecer actividades de formación y capacitación, así como definir un perfil de conocimientos y competencias para el ingreso y permanencia del servicio profesional de carrera.

Se incorporan como nuevas unidades operativas la de análisis de contexto para búsqueda de personas desaparecidas; de imputado desconocido; de determinación y de salidas anticipadas.

Se especifica la atribución del Ministerio Público sobre las personas menores de 18 años, a quienes se les atribuya la comisión o participación de un hecho delictivo para actuar en el marco del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y se define su obligación de dictar o solicitar medidas u órdenes de protección necesarias, periciales, documentos y testimonios que permitan acreditar los daños y su cuantificación.

Ayer, la mesa directiva turnó la propuesta de reforma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.