La Cámara de Diputados prevé votar mañana una ley general contra la extorsión, una vez que la Comisión de Justicia apruebe este lunes el dictamen en el que –explicó la bancada de Morena– se definirá un tipo penal básico para todo el país, de 6 a 15 años de prisión, que aumentarán según las agravantes con que se cometa el delito.

Esto es, explica el proyecto de dictamen que se entregó a los diputados, la sentencia se aplicará al considerar las características, el contexto y las circunstancias particulares en las que se comete el delito.

Además de endurecer las penas, se busca proteger a las víctimas, que podrán denunciar de manera anónima. También se crean medidas cautelares y de protección a las personas, desde el resguardo de la información hasta el cambio de domicilio.

El documento resalta que se definen “directrices mínimas” para guiar la actuación de las autoridades encargadas de prevenir, perseguir y sancionar el delito.

Entre otras, destacan el respeto a la dignidad humana de las víctimas y de los ofendidos; conducir sus actuaciones de conformidad con el principio de igualdad; actuar sin distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o efecto impedir o anular el ejercicio de derechos, prerrogativas y beneficios, así como evitar la revictimización o criminalización de las personas.

En un análisis de la iniciativa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que para el tipo penal básico se proponen 34 agravantes, divididas en tres categorías.

Cuando se trate de daño patrimonial o delitos menos lesivos, se incrementarán las penas hasta un tercio del tipo penal básico, y serían aplicables al “cobro de piso”, a la imposición de precios, a quienes cometan el delito con el uso del sistema financiero nacional o extorsionen a candidatos a cargos de elección popular.

Agravantes

La segunda categoría aplica en el caso de que el delito se cometa contra grupos vulnerables (migrantes, adultos mayores, menores de edad, embarazadas o cuando exista relación afectiva con la víctima), y se propone incrementar las penas contempladas en el tipo penal básico entre un tercio y 50 por ciento.

Y la tercera, indicó, se prevé para los casos de afectaciones sobre la integridad de la víctima o su patrimonio, uso de violencia, armas de fuego, utilización de menores de edad o cuando en el delito participen funcionarios públicos, y se propone incrementar las sanciones del tipo penal básico entre 50 y 66 por ciento (dos tercios).

A su vez, la vicecoordinadora del grupo, Dolores Padierna Luna, resaltó que en 2023 se registraron 4.9 millones de casos de extorsión y precisó que “el centro de la ley no está sólo en el castigo, sino en la protección de las víctimas. Se establecerán protocolos de atención integral, mecanismos de prevención y denuncia segura”.

Se trata de “reducir la cifra negra, prevenir la extorsión telefónica y restablecer la seguridad para el comercio, el empleo y la convivencia social y, como lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, esta ley es un paso hacia un México en el que la extorsión deje de ser negocio rentable para los delincuentes y se convierta en un delito de alto riesgo y castigo severo”.