Madrid. Más de 50 mil personas se manifestaron ayer en las calles de Valencia al grito de “¡Mazón dimisión!” y “¡El presidente a Picassent!”, en alusión al mandatario de la comunidad autónoma, el derechista Carlos Mazón, al que responsabilizan de la pésima gestión de la catástrofe de la dana al cumplirse un año de la tragedia.

Las tormentas torrenciales provocaron el desbordamiento de ríos y de pantanos, y dejaron un saldo de 232 muertos, además de las decenas de miles de afectados por los destrozos.

Mañana se conmemora el primer aniversario de la catástrofe natural que afectó a comunidades como Castilla La Mancha, Murcia y Andalucía, pero sobre todo en Valencia.

El desbordamiento del agua dejó una situación desoladora en pueblos enteros, que hasta la fecha demandan más recursos para su reconstrucción.

Miles de personas salieron a las calles de Valencia para exigir de nuevo la dimisión de Mazón y que sea enviado al Centro Penitenciario Valencia II, ubicado en Picassent. Desde la cabecera de la marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, las víctimas de la tragedia reafirmaron su indignación contra el presidente autonómico, del Partido Popular (PP): “Tú comiendo y bebiendo y la gente muriendo”, en referencia a que, durante el peor día de la tragedia, Mazón comió en un restaurante con una periodista por más de seis horas, precisamente el lapso crítico.

Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, declaró: “no lo reconocemos como presidente ni lo legitimamos. Le deseamos tantos años en prisión como vidas ha segado”.

Toñi García, de la Asociación de Víctimas, añadió que “toda España sabe que es inaceptable que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando 80 por ciento del pueblo valenciano no lo quiere. Le pedimos a Mazón que asuma responsabilidades políticas. El presidente a la prisión y todo su gobierno, dimisión”.

Siguen las investigaciones

La responsabilidad sobre la gestión de la crisis y las responsabilidades penales de las autoridades, tanto a escala autonómico, como municipal y central, se dirimen en los tribunales, con una investigación en curso, que avanza contra los responsables autonómicos, con Mazón como principal autoridad.