En América Latina (AL) más de 40 por ciento de los conflictos ambientales están asociados con actividades extractivistas, principalmente de minerales, debido a la desigualdad y la falta de protección legal de las poblaciones y territorios ricos en estos recursos, señalaron especialistas durante un seminario en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el seminario Extractivismo, transición energética y geopolítica, organizado por el Departamento de Producción Económica de la UAM, las académicas destacaron que los países desarrollados impulsan políticas de energías limpias y ponen en marcha megaproyectos en este sentido en comunidades de América Latina “disfrazadas de progreso”, pero invisiblizan los costos sociales y ambientales que enfrentan los pobladores.

La transición hacia energías limpias y el cambio climático provocaron dinámicas de enfrentamientos que ponen en entredicho el discurso de políticas verdes ante megaproyectos extranjeros –parques eólicos, hidroeléctricas, extractivismo– en comunidades rurales, que están intensificado la violencia y la militarización de diferentes maneras en territorios vastos en estos recursos naturales, indicó Mariana Blanco Puente, coordinadora de la fundación Friedrich Ebert México.

En la región, durante 2024 se registraron 119 asesinatos o desapariciones a ambientalistas, de los 146 registrados a nivel mundial, de acuerdo con el Informe Raíces en Resistencia de la organización Global Witness. Los países de América Latina con mayor número de defensores atacados son Colombia, con 49; Guatemala, con 20; México, con 19; y Brasil, con 12.

La organización indicó que estas personas fueron agredidas tras alzar la voz o tomar medidas para defender su derecho a la tierra y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Se oponían a proyectos extractivos dañinos como la minería, la tala o la agroindustria. Otras desafiaban problemas sistémicos como la desigualdad en el acceso a la tierra, la destrucción ambiental y el crimen organizado.

En promedio, cada semana fueron asesinadas o desaparecidas tres personas a lo largo de 2024. Esto eleva la cifra total a 2 mil 253 desde que Global Witness comenzó a documentar los ataques en 2012, lo que muestra la persistencia de la violencia contra los defensores.

En la región “hay comunidades enteras que enfrentan desplazamiento, violencia y deforestación de un modelo que tiene intenciones maquilladas bajo el concepto de transición energética, señaló Aleida Azamar Alonso, investigadora de la unidad Xochimilco.

El cambio a políticas verdes busca abandonar los combustibles fósiles, sin embargo, requiere minerales y otros bienes naturales que intensifican su uso respecto de lo que se utilizaba para la extracción, y que tiene impactos alternos en el mundo, advirtieron las especialistas.