El procedimiento abierto por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de seis consejeros (tres aún en el cargo) será analizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, luego de que una de las personas involucradas interpuso un juicio general ante la sala superior de esa máxima instancia; por turno aleatorio, el expediente tocó al magistrado Felipe Fuentes Barrera.

En 2021, el entonces representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, denunció a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera por haber votado en favor de posponer, en ese momento, la revocación de mandato, consulta que se realizó en abril de 2022 por orden del TEPJF.

La semana próxima, los involucrados comparecerán ante el OIC y, según los consejeros, el resultado de la investigación sería remitida al Tribunal de Justicia Administrativa, donde existe la posibilidad de fijar sanciones que van desde amonestaciones hasta la inhabilitación del funcionario público.

Por lo pronto, los magistrados de la sala superior deberán en su momento votar el proyecto que elabore Fuentes relacionado por la presunta responsabilidad administrativa, según el proceso abierto hace algunas semanas por la unidad de Asuntos Jurídicos del OIC (INE/OIC/UAJ/858/2025).

El caso se resolvería en breve porque también se impugna la comparecencia a la audiencia inicial en el OIC, programada para el 9 de octubre, es decir el jueves de la semana entrante.

La consejera Zavala presentó su escrito acompañado de seis fojas y dos tomos del expediente principal, al que se anexarán 4 fojas adicionales, según se lee en la apertura del juicio en el TEPJF.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, declaró esta semana que el OIC analiza el oficio que envió estos días Gutiérrez Luna en el cual se desiste de su queja, al señalar que el asunto quedó sin materia, pues la revocación de mandato se realizó en abril de 2022, para determinar –por esa vía– si el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador debía seguir en el cargo.

Algunos consejeros han señalado que este procedimiento es grave porque busca sancionar el acuerdo de un órgano colegiado, así como el voto particular de seis consejeros.