La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares en las que se informa la suspensión provisional de las sanciones impuestas a la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una de las compañías involucradas en la polémica que en junio pasado derivó en el cierre de varios recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió medidas cautelares a la compañía, lo que dejó sin efectos temporales la inhabilitación por un año que la SABG había decretado el 11 de septiembre. Dicha sanción impedía a Pryse participar en procedimientos de contratación y celebrar contratos con dependencias de la administración pública federal, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

La empresa había resultado ganadora en la adjudicación, junto con otras dos firmas, de la licitación pública federal que el INAH resolvió el 30 de mayo para la vigilancia de sus recintos. Pryse se haría cargo de los espacios en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.

Sin embargo, la protesta de los trabajadores por la falta de personal de seguridad provocó el cierre temporal de museos emblemáticos como el Nacional de Antropología, el del Templo Mayor y el del Castillo de Chapultepec.

En las circulares publicadas este jueves, la SABG detalla que la suspensión ordenada por el TFJA también alcanza a otra resolución que, el 9 de septiembre, había inhabilitado tanto a Pryse como a la empresa Protección, Resguardo y Servicios Empresariales.

En el caso de Pryse, la sanción fue por un año y seis meses.

El tribunal argumentó que mantener la inhabilitación podría poner en riesgo la prestación de servicios de seguridad en instituciones públicas, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al considerar que se trata de un área vinculada con la protección de pacientes, personal médico e insumos críticos de salud.

Con esta decisión, las circulares que habían notificado a las dependencias públicas la prohibición de contratar con la compañía quedaron sin efectos, al menos de manera provisional, mientras se resuelve el juicio de nulidad promovido por las empresas.