Ayer se realizaron las entrevistas a los tres aspirantes a encabezar la Secretaría de la Contraloría General capitalina, y este jueves se definirá al titular en comisiones del Congreso de la Ciudad de México.

De los tres perfiles, destaca la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, quien dijo que la corrupción es un problema estructural, “y por más buena voluntad, (la Contraloría) no puede (combatirla sola)”, por lo que se requiere involucrar a todos. Mencionó que esta conducta guarda estrechos vínculos con la discriminación, pues sus efectos los resienten los grupos vulnerables, por lo que propuso medir la eficiencia y efectividad social del gasto público en acceso igualitario a servicios, inclusión y reducción de brechas.

En tanto, Elena Ramos Arteaga, ex titular de la contraloría interna de la Secretaría de la Función Pública, va por fomentar la transparencia y máxima publicidad en el uso de recursos públicos, a fin de lograr un cambio de percepción social. El combate a la corrupción, apuntó, será una política de Estado, pues “el servicio público no es para enriquecerse, es para servir al pueblo”.

Comentó que como servidora pública apoyó en la presentación de denuncias penales por actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. “Yo creo que los impuestos de nosotros no deben ser el botín de otros”. Propuso realizar auditorías al gasto público y generar observaciones en cada área de las dependencias.

“Para mí es importante hacer la prevención para no llegar a una falta administrativa. La función de la Contraloría también es asesorar a esas direcciones, por ejemplo, en obra pública ver qué están haciendo porque luego resulta que costó 10 o 20 pesos, pero en realidad eran 5; entonces, ¿dónde está lo demás? En este tema de contrataciones tratamos que en la rendición de cuentas cada área nos diga claramente con pruebas qué es lo que hacen. De nuestra parte, implementamos este control interno”.

Por su parte, Misael Martínez, quien ha sido conciliador laboral, propuso mejorar la cultura de la integridad, la cultura de la transparencia e implementar sistemas digitales de monitoreo en tiempo real para saber en qué se gasta el dinero público.

“Se requerirían más insumos. Se impartirán cursos de sensibilización constantemente para que todas las personas estén tocadas por esa cultura de integridad, que sepan que tienen que manejarse con transparencia e integridad, y que eso permee en todo el sistema y se conozca lo que hacen todos los servidores públicos para tener mayor legitimidad en el combate contra la corrupción.”