La reforma en materia de amparo intenta acotar abusos que se han cometido con este recurso. Por ejemplo, se ha empleado para frenar megaproyectos e iniciativas gubernamentales, lo que el Ejecutivo percibe como “sabotaje legal”, más que un ejercicio legítimo de contrapeso.

Sin embargo, los priístas Rubén Moreira y Manuel Añorve denunciaron que Morena quiere hacer de la iniciativa un instrumento útil para proteger al Estado y no a la gente.

Moreira, coordinador de los diputados federales del tricolor, ratificó que su partido no participará en foros “a modo, organizados por el oficialismo”, que busquen legitimar la iniciativa presidencial, y llamó a los abogados, a la academia y a la sociedad civil a expresarse en contra.

“Si permitimos que esta reforma avance, mañana ningún ciudadano tendrá cómo detener un abuso de autoridad. El juicio de amparo nació para poner límites al poder, no para servirle.”

Añorve, coordinador de los senadores del PRI, aseguró a su vez que la propuesta es un peligroso retroceso en la democracia del país porque privilegia los intereses gubernamentales por encima de los derechos humanos de los mexicanos.

Anticipó que la bancada del PRI en el Senado votará en contra de la hoy llamada “ley del desamparo”, por tratarse de una norma hecha a modo, para satisfacer los intereses de un gobierno “autoritario como el que encabeza Morena”.

Por su lado, la senadora María Guadalupe Chavira rechazó los señalamientos de la oposición de que se vulneran derechos de los ciudadanos; por el contrario, aseguró que se trata de un paquete de reformas garantista que incluye mecanismos para agilizar la aplicación de la justicia y priorizar los derechos sociales por encima de los personales.

Explicó que el documento busca acotar resquicios que han sido utilizados desde 2011, cuando se introdujo la figura de interés legítimo, y que terminaron en un abuso.

Señaló que hay muchos ejemplos, como el amparo que se tramitó para impedir la distribución de los libros de texto que afectó a millones de estudiantes, o el descongelamiento de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera tenía detectadas por la comisión de fraudes y se liberaron a través de amparos poco claros.

“Es un tema complejo y en el Senado queremos escuchar a especialistas y expertos, por eso las comisiones dictaminadoras estamos en la valoración de si es viable proponer… un mecanismo ágil de consulta.”