La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, informó que en esta semana se discutirá en el pleno la reforma constitucional en materia de extorsión, y precisó que con esa modificación México tendrá un marco legal uniforme y actualizado que servirá para enfrentar de manera eficaz dicho delito.

Por medio de redes sociales, recordó que el dictamen de la propuesta fue avalado en comisiones del Senado el 18 de septiembre y tiene la finalidad de dar facultades al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión.

Una vez que la modificación a la Carta Magna se avale tanto en el Senado como en los congresos estatales, entrará en vigor y entonces contará con 180 días para construir y aprobar la legislación secundaria.

En la exposición de motivos se señala que la incidencia de este delito varía por entidad federativa. Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el años pasado 61.8 por ciento de las víctimas. Sólo el primero acumuló 33.1 por ciento.

También se menciona que ese ilícito es una trasgresión de jurisdicción concurrente, pues se encuentra previsto en el Código Penal Federal y en los de las entidades federativas, lo que conlleva a que esté regulada ”con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, tanto en el tipo penal como en sus agravantes, modalidades y penalidades”.

El texto agrega que un problema que se presenta para combatirlo de manera eficaz en el país es la falta de homologación de las penas. Actualmente los códigos penales Federal y locales establecen un promedio de sanción mínima de cuatro años con seis meses y hasta 12 años como máxima. Este rango evidencia una discrepancia aritmética notable entre las condenas previstas en cada uno.

Se considera que tal disparidad podrá ser corregida con la aprobación de la reforma constitucional.