La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) presentó una iniciativa que reforma diversas leyes y códigos para proteger la “identidad digital” de las personas, es decir, la forma en que éstas aparecen o son representadas en el entorno, para protegerlas de fraudes o ataques a su reputación e integridad.

En su propuesta, la legisladora advierte que “la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de replicar rostros, voces y expresiones con un realismo inquietante, no sólo está redefiniendo lo que entendemos por creación y presencia, sino que desafía los límites del consentimiento, de la autoría y de la representación auténtica”.

Padierna alertó que las leyes actuales “resultan insuficientes para enfrentar fenómenos como los deepfakes (imágenes, videos o audios falsos que parecen reales), la clonación de identidades o el uso no autorizado de datos biométricos por parte de algoritmos inteligentes”. Lo anterior “deja desprotegidas a las personas y crea un vacío legal que puede ser aprovechado para cometer abusos y provocar daños”.

Diferenciación

Por todo ello, la diputada guinda propone incluir en la Ley Federal del Derecho de Autor la diferenciación entre obras generadas de manera totalmente artificial, las que incluyan algún componente creativo humano y las representaciones virtuales de una persona y los fundamentos para su protección.

Asimismo, busca tipificar en el Código Penal Federal el delito de “suplantación digital” y definir agravantes en función del daño causado, la condición de la víctima y el fin perseguido.

La iniciativa pretende crear en el Código Civil Federal un “régimen de responsabilidad objetiva y remedios eficaces para las personas afectadas por la difusión no consentida de contenido sintético que vulnere su integridad o reputación”.

También busca reformar las leyes de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de Particulares, para ampliar el concepto de datos personales y sensibles, “incluyendo aquellos generados, replicados o simulados mediante inteligencia artificial, con el fin de garantizar su protección efectiva tanto en el ámbito institucional como en el entorno digital privado”.

La iniciativa menciona penas de tres a siete años de prisión por cometer actos de suplantación digital.