Los centros cambiarios que operan en el país requieren adaptar sus operaciones a nuevas reglas que garanticen la seguridad de sus empresas, de acuerdo con expertos del sector que participaron en la 23 convención de estos intermediarios financieros. La Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, integrada por cerca de 50 empresas de las 700 que conforman el sector, organizó el encuentro en el que nuevamente se discutió que la banca comercial mantiene las cuentas cerradas para ese grupo para prevenir el lavado de dinero.

En el evento se analizó la necesidad de una mayor vigilancia del personal dedicado a la compraventa de divisas en pequeños establecimientos ubicados en zonas turísticas y en la frontera.

Sandro García Rojas Castillo, consultor especialista en prevención de lavado de dinero, comentó que las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra ese ilícito y el financiamiento al “terrorismo” –como designa a seis grupos de narcotraficantes mexicanos–, invitan a los centros cambiarios a realizar sus operaciones con un enfoque de riesgo más riguroso.

Expuso que el sector debe actualizar sus mapas de riesgo y visualizar qué tan expuestos se encuentran al contagio de actividades relacionadas con el financiamiento al terrorismo.

“Estamos expuestos al riesgo siempre y ahora tenemos que hacer un énfasis particularmente delicado en el monitoreo de las operaciones”, mencionó quien hasta abril de 2022 se desempeñó de vicepresidente de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por su parte, Salvador Espinosa Ledon, gerente senior de cumplimiento en fraude y supervisión para México y América Latina de HSBC, destacó que las empresas en general deben cerciorarse de que el personal que contratan sea seguro para sus operaciones, ya que 5 por ciento de sus ganancias anuales se utilizan para cubrir las mermas que generan los fraudes cometidos por sus propios trabajadores.

Expuso que, de acuerdo con datos de la Association of Certified Fraud Examiners, el cálculo abarca 93 casos observados en América Latina, que representan 6 por ciento de las situaciones de fraude a nivel global.

“Sin embargo, las pérdidas promedio por evento son de alrededor de 250 mil dólares, lo que permite dimensionar el tema en América Latina”, detalló.