Martes 2 de septiembre de 2025, p. 7
El Informe presidencial visibiliza avances en bienestar rural, fertilizantes y programas sociales, pero “omite los problemas más urgentes para la competitividad del sector” agropecuario, como la sequía, la caída de precios en granos básicos, la falta de financiamiento, ausencia de seguros, medidas defensivas frente a socios comerciales y una política diferenciada para productores, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
“La estrategia social es importante, pero no sustituye la necesidad de una política agroalimentaria integral y de largo plazo que combine seguridad alimentaria, productividad, competitividad internacional y resiliencia climática”, destacó en un comunicado.
La organización apuntó que la caída de los precios en el maíz, trigo y sorgo dentro de los precios internacionales provoca una menor rentabilidad para productores nacionales. A ello, sumó que no se mencionan nuevas políticas para financiamiento y seguros para proteger a los productores que están expuestos a riesgos climáticos y de mercado.
Agregó que tampoco hay una estrategia de apertura de exportaciones al ganado en pie hacia Estados Unidos, por lo que México pierde competitividad frente a Sudamérica y además quedó omitido el arancel estadunidense a la exportación de jitomate, lo que afecta a productores exportadores, sobre todo en el noroeste.
Precisó que la comercialización sólo se apoya en los precios de garantía, pero eso provoca desigualdad en el acceso a mecanismos de ayuda para el sector.
Inseguridad en el campo
A estas problemáticas, el grupo añadió la presión generada por importaciones de azúcar, la caída en los precios de la caña y menores cupos de exportación del endulzante a Estados Unidos; los efectos de la inseguridad en el campo, como los pagos de derechos de piso, extorsión y amenazas a productores, y el mal estado de las carreteras rurales y regionales, que encarecen los costos logísticos y reducen la competitividad.
Sobre los avances reportados por el gobierno, destacó la política pública sobre la soberanía alimentaria, los programas sociales que fortalecen ingresos de pequeños productores, el aumento en la disponibilidad de fertilizantes y tecnificación de riego con potencial estructural y avances en la cobertura de apoyos, especialmente en comunidades vulnerables.